Ex servidores dan pistas de irregularidades
José A. Orozco Martínez Ex servidor público en Sedatu y Sedesol
El economista trabajó cinco años con Rosario Robles, primero al frente de la Dirección general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol (2013-2015) y después en la Sedatu, donde se desempeñó como titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional (2015 - 2018).
En su paso por Sedesol firmó dos convenios que terminaron en denuncias penales por resultados irregulares que detectó la Auditoría Superior de la Federación.
Marco Salvador Ibarra Ex servidor público de Sedatu y Sedesol
Fue director general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol y rector general de coordinación de delegaciones en Sedatu. En la extinta dependencia de Desarrollo Social firmó el convenio UCD.33901.014/2015 con la Universidad de Zacatecas en junio de 2015, que forma parte de una denuncia penal de 2017. En la Sedatu firmó cuatro convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas y uno con la Politécnica de Quintana Roo, que suman 313 millones de pesos.
María del Carmen Gutiérrez Administradora y comunicóloga
En 2011 fue nombrada encargada de área de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol antes de la llegada de Robles. Ahí permaneció hasta noviembre de 2015. Después estuvo en Sedatu, donde en noviembre de ese mismo año tomó el cargo como responsable de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional. Identificó unos cuatro edificios, de las colonias Polanco y Anzures, en los que al parecer falsificaban documentos.
Armando Saldaña Flores Ex servidor público en Sedatu
Ocupó el cargo de director general adjunto de operación y en Sedatu fue director general de Ordenamiento Territorial. Un juez federal lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Está acusado del presunto desvío de 185 millones de pesos. Saldaña declaró durante la investigación hecha por la Auditoría Superior de la Federación, que la firma que aparecía en el convenio no era suya, por lo que también presentó una denuncia penal.