ADULTAS MAYORES EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS
La desigualdad social y de oportunidades de desarrollo entre la población indígena refleja que aún hay mucho trabajo que hacer.
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), contabilizaba en el 2015 a 12,641,791 personas mayores; esto es 11% de la población total del país (119,530,753). Mientras la cifra de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, rondaba alrededor de 12, 025,947 de personas de origen indígena; de los cuales, la población de 60 años o más representaba 10.4%, lo que significó un incremento de casi 3%, respecto de los datos de 2000, de 7.3%. Esta cifra se resume en que las personas adultas mayores indígenas suman 1,247,673 personas.
Un dato de INAPAM que salta a la vista, es que los estados que se ubican por debajo de la línea de esperanza de vida nacional de las personas adultas mayores, son, en su mayoría las entidades del sur: Tabasco, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo y Baja California, respectivamente. Ubicando en el último lugar a Chiapas, con 72.8 años de vida, frente a los 76.4 registrados para Nuevo León, y que se coloca en primer lugar ante los 74.9 años de vida de la media nacional.
Estos datos reflejan la desigualdad social y de oportunidades de desarrollo entre aquellas entidades con mayor presencia de población indígena y la no indígena. La comparación de cifras no solo tiene la intención de saber hacia dónde vamos cuantitativamente, sino el porqué se reflejan los datos y qué reflejan, y estos son siempre oportunidades de intervención. Y desde ya, parto con una pregunta ¿cómo es que, en la vida real, una persona adulta mayor indígena accede a los servicios y programas especializados? Lo que me resuena son los comentarios que suelo escuchar en campo: me regañan porque no entiendo español, nos tratan muy mal, me hacen regresar a cada rato porque no llevo la documentación completa, etcétera.
Este tipo de trato hacia con los indígenas (y no solo con los adultos mayores) es un claro ejemplo de cómo una persona indígena habrá de “acceder a sus derechos” siendo tratada indignamente, es decir; como una persona incapaz de entender, sin derecho a que sea atendida en su lengua de manera DIGNA y con sensibilidad. Imaginemos los escenarios comunes: un día en la sierra de Oaxaca hay pago de un programa. Hace un frío tremendo y llueve, habrá que formarse y esperar por más de dos horas en esas condiciones, o más si es posible. De entre los beneficiarios y beneficiarias en su mayoría, no hablan muy bien el español.
Las traductoras son regañadas y estas a su vez regañan a las usuarias y usuarios por no acatar las instrucciones, y la relación entre el o la que sabe y no sabe, es evidente, la relación entre el indio o india y el no indio, se refleja en el racismo puro de los y las servidoras públicas. Se escuchan murmullos y risas, todo mundo se queja de los regaños.
Algo así también sucede en los accesos a los servicios de salud: tengo que ir porque si no, me regañan ¿dónde y en qué parte, las y los servidores que atienden a la población indígena no entienden que están para cumplir y hacer vivos los derechos humanos? ¿Y en qué parte de los marcos jurídicos no se entiende que los derechos humanos son para dignificar la vida de las personas?
Existen en verdad muchos pendientes de sensibilización para la atención a la población indígena. Y ahí, las instituciones correspondientes tienen un gran pendiente aún, en este caso el INAPAM ¿Qué está haciendo respecto de la población indígena y cómo es la atención diferenciada y especializada? Interesante puede ser la respuesta. Sospecho que es posible que me canalicen a otra institución.
Existen muchos pendientes de sensibilización para la atención a la población indígena. Y ahí, las instituciones correspondientes tienen un gran pendiente