DANIEL AMADOR GAXIOLA
Secretario de la Comisión de Educación del Senado de la República
Desde el inicio de la actual Administración, el Gobierno de la República impulsó una estrategia transversal para garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades y los derechos de las mujeres, con la finalidad de evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. Esta igualdad entre mujeres y hombres deberá reflejarse en la educación, por lo que resulta indispensable fortalecer la inclusión integral de las mujeres en todos los niveles educativos.
La educación es un derecho humano y una herramienta fundamental que permite a las mujeres ser más autónomas, desplegar sus habilidades y capacidades, así como alcanzar su desarrollo pleno; además, constituye un detonante para la economía y el progreso de las naciones.
ONU Mujeres destaca que el aumento de la educación de las mujeres y las niñas contribuye a un mayor crecimiento económico. Más de la mitad del crecimiento que experimentaron los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), durante los pasados 50 años, es resultado del acceso de dicho sector de la población a niveles superiores de educación y a una mayor igualdad en el número de años de formación entre hombres y mujeres.
En México tenemos importantes avances que es preciso destacar. Organismos internacionales como la OCDE, han reconocido el aumento en el acceso a la educación en todos los niveles, el aumento del gasto público a educación y la reestructuración del sistema para poder ga- rantizar una educación de calidad, ello gracias a la implementación de la Reforma Educativa.
De manera concreta, la situación de las niñas y las mujeres en el rubro de educación ha mejorado de forma sustancial. La matriculación a nivel preescolar para niños y niñas entre cuatro y cinco años de edad es casi universal y los programas de becas han contribuido a evitar que muchas adolescentes abandonen sus estudios.
La mayor inclusión de las mujeres ha propiciado una participación más equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país. A nivel legislativo, acciones afirmativas como el ejercicio de las cuotas de género en materia electoral es considerado como un ejemplo de buenas y mejores prácticas a nivel internacional.
Pese a los importantes avances, tenemos aún desafíos pendientes que debemos resolver. Las cifras muestran que solo 47% de las mujeres en edad de trabajar forman parte de la fuerza laboral, por debajo del promedio de la OCDE de 67%; más de la mitad de las mexicanas en edad de trabajar tienen empleos informales (57.2%); las mujeres con educación superior ganan 32% menos que sus homólogos masculinos y 67% ha sido víctima de violencia de género.
Ello evidencia la necesidad de reforzar las políticas públicas a favor de las mujeres y garantizar su acceso a mejores oportunidades de desarrollo, por medio de herramientas clave como la educación, que se traduzca en más y mejores condiciones laborales.
En síntesis, la educación constituye un instrumento medular para el desarrollo nacional y un requisito indispensable para avanzar en la igualdad sustantiva y el empoderamiento de las mujeres, a efecto de que se conviertan en verdaderos agentes del cambio social y accedan, junto con sus familias, a un futuro mejor.
La educación es un derecho humano y una herramienta fundamental que permite a las mujeres ser más autónomas, y desplegar sus habilidades y capacidades