VANESSA RUBIO MÁRQUEZ
Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público
La educación ha sido el principal motor para superar desigualdades sociales y avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa, incluyente, próspera y democrática. La educación es el derecho que nos permite ejercer el resto de los derechos. Es el más poderoso instrumento que nos ha permitido, como sociedad, cambiar cultura y prácticas arcaicas con un horizonte de igualdad de trato entre hombres y mujeres.
En términos de equidad se ha festejado como un gran logro la ampliación de los derechos políticos de las mujeres, desde el voto hasta la paridad de género, pero es momento de visibilizar el avance que se ha logrado en materia de acceso, permanencia y disminución del rezago educativo que ha contribuido a su empoderamiento.
En materia de abatimiento de ese rezago, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) es el encargado de atender a las personas mayores de 15 años que no saben leer y escribir o no han concluido su educación primaria o secundaria.
Veamos los avances logrados desde hace 36 años cuando se creó el INEA.
La brecha de género en materia de analfabetismo se ha reducido significativamente. En 1980, 20% de las mujeres no sabían leer y escribir, hoy en día es menos de 6%.
Ello se debe al incremento de la cobertura del sistema educativo escolarizado, a los resultados de programas sociales como Prospera, que han incentivado la permanencia y continuidad educativa de niñas y jóvenes, y a la acción del INEA, en todo el país, particularmente en comunidades indígenas o rurales.
Reitero, si algo ha empoderado a las mujeres y ha garantizado el ejercicio de sus derechos es el piso básico que les otorga la educación. En este mismo periodo se ha reducido en 50% el rezago educativo de primaria y secundaria. Dimensionemos este hecho. En 1980 solo 3 de cada 10 mujeres mayores de 15 años habían concluido la secundaria y hoy son 7 de cada 10.
Sin embargo, aún hay brechas de desigualdad pendientes, por ejemplo, en alfabetización.
De los 4.2 millones de personas que no saben leer y escribir en México, 2.5 millones son mujeres y el 61 % de ellas corresponde a un perfil promedio de una persona de 58 años con 5.5 hijos, que tienen ingresos de 2,906 pesos mensuales, donde 2 de cada 3 se dedican a las labores del hogar.
Si es mujer indígena, se incrementa la probabilidad de encontrarse en rezago en un 10%. Esa asimetría se expresa también regionalmente, 52% de las mujeres mayores de 15 años en Chiapas no han terminado su secundaria en comparación con 22 % de las que viven en la Ciudad de México.
Considerar esa desigualdad no es solo un reto de operación y de números, ha sido también de prácticas pedagógicas, de contenidos y materiales educativos que en su historia ha desarrollado el INEA a través de su Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, que se distingue por ser modular, flexible y abierto, integral y diversificado para atender las particularidades de las mujeres indígenas, las de 65 años y más, las mujeres jóvenes que por cuestiones de embarazo y natalidad abandonaron la escuela o de aquellas que hoy son repatriadas de los Estados Unidos.
Incluir la perspectiva de género de manera transversal en las Políticas Públicas ha sido impulsado por el Presidente Enrique Peña Nieto, buscando el desarrollo homogéneo y equitativo en cada región del país e integrando los diversos entornos en los cuales se desenvuelven.
El INEA por los niveles de sus tareas, enfoque de sus políticas y logros en atención, es una institución que trabaja con y para las mujeres que son hoy más de 70% de sus educandos y la amplia mayoría de las voluntarias y técnicas docentes que día a día trabajan para evitar que el origen social o el género se convierta inevitablemente en destino educativo y generan condiciones para que el acceso, permanencia y éxito en los logros de los aprendizajes, sean para todos y todas.
Si algo ha empoderado a las mujeres y ha garantizado el ejercicio de sus derechos es el piso básico que les otorga la educación