NECESARIO FORTALECER EL MECANISMO DE ALERTA DE GÉNERO
Es un mecanismo que, sin duda, contribuye a la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Lalerta de violencia de género contra las mujeres es un novedoso mecanismo de intervención Estatal en situaciones de violencia contra las mujeres, creado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Su objetivo es generar acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, es decir, la violencia extrema, en un territorio determinado y/o proponer la modificación de una legislación o política pública que agravie los derechos de las mujeres, mejor conocido como agravio comparado.
Si bien este mecanismo existe desde hace poco más de 10 años, los mismos que tiene en vigor la Ley General, apenas dos años atrás se declararon las primeras en el país. La primera, en julio de 2015 para 11 municipios del Estado de México, y la segunda, el mismo año, para ocho municipios del Estado de Morelos.
En 2013, el INMUJERES promovió una reforma al Reglamento de la Ley General, para cambiar el procedimiento de alerta, que en ese momento estaba a cargo del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Era urgente modificarlo, pues no estaba dando los resultados esperados. El procedimiento se había “partidizado” y no estaba cumpliendo con el propósito para el cual se había creado esta novedosa figura.
Con esta reforma, ahora un grupo de trabajo es el responsable de analizar las solicitudes de alerta bajo criterios estrictamente técnicos, estadísticos, científicos y jurídicos, no políticos, y emitir su opinión a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) sobre la procedencia o no de la misma.
Este grupo está conformado por ocho representantes: dos académicas locales, dos nacionales, uno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), uno de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), uno del mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad federativa donde se investiga la alerta y el INMUJERES, que, si bien coordina sus trabajos, no tiene facultades para declararla; esto solo le corresponde a la SEGOB. Esta conformación, en la que la representación gubernamental es minoritaria, sólo tres de los ocho votos, da mayor confianza y legitimidad a sus decisiones.
A la fecha, se han declarado 12 alertas en igual número de estados del país1, que comprenden, en su conjunto, 91 municipios. A estas se suma la que motu proprio declaró el estado de Jalisco, bajo su legislación local, en ocho de sus municipios, única a nivel nacional. Actualmente hay nueve procedimientos más de alerta en trámite, entre las que se encuentra la de la Ciudad de México que fue la última que se recibió.
A dos años de haberse declarado las primeras alertas y del proceso de implementación de las que se han sumado en los últimos meses, tenemos identificados algunos ajustes que se deben realizar al procedimiento para hacerlo más ágil y eficiente, entre los que se encuentran acortar los tiempos para emitir la declaratoria e incorporar a las organizaciones solicitantes en el proceso de evaluación y seguimiento de las medidas dictadas con la alerta, entre otras.
El INMUJERES ha elaborado una propuesta de modificación que se está consultado ampliamente con la intención de fortalecer este mecanismo. Si bien la facultad para modificar el Reglamento de la Ley General, que contempla este procedimiento, recae sobre el Ejecutivo Federal, al igual que en la modificación de 2013, se ha optado por consultarla para enriquecerla.
Hace unos días, por primera vez en los 10 años que tiene de vigor ese mecanismo, la CNDH presentó una solicitud de alerta para el estado de Puebla y un diagnóstico nacional sobre este mecanismo, en el que hace diversos planteamientos con miras a fortalecerlo. Desde el INMUJERES, reconocemos y valoramos sus propuestas y recomendaciones que son coincidentes con la propuesta de modificación en consulta.
Nos interesa tener un mecanismo que contribuya a la erradicación del flagelo de la violencia contra las mujeres, no escatimaremos esfuerzos porque así sea.
A dos años de haberse declarado las primeras alertas y del proceso de implementación, hay algunos ajustes que deben realizarse al procedimiento para hacerlo ágil y eficiente