VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y RESISTENCIA
Para combatir este tipo de violencia, es necesario realizar cambios transformadores que acaben con la brecha de desigualdad
En México, somos varias generaciones que abrimos los ojos en un sistema permeado por el machismo, con una fuerte violencia estructural para las mujeres, quedando en una posición de discriminación en relación con los hombres. Lo que se manifiesta en diferentes esferas de la vida con el no reconocimiento y ejercicio pleno de nuestros derechos como humanas. Autonomía sobre nuestros cuerpos, alimentación, trabajo, salud, participación política, educación, derecho a una vida libre de violencia, en ámbitos, familiar, laboral, docente, en la calle misma, entre otros derechos humanos, siguen siendo un motivo de lucha.
Enfrentar esta violencia estructural, perfectamente enraizada en el sistema, implica una serie de cambios género transformadores que permitan acabar con la brecha de desigualdad construida por razón de sexo. Uno de los mecanismos que desde las feministas y mujeres se pensaron para atender, prevenir y sancionar estas violencias, es la Alerta de Violencia de Género (AVG).
La declaratoria de AVG en diferentes estados ha traído una serie de avances que son importantes para su análisis, entre otros, la armonización legislativa que significa poder contar con marcos normativos nacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres acordes a las Convenciones y Tratados Internacionales.
Como el caso de las reformas al Código Penal del Estado de México, en donde se cuenta con un capítulo para la “Violencia de Género”, que tipifica, entre otras, la violencia institucional. Lo que permite la posibilidad de que servidoras y servidores públicos que no cumplan con dar un servicio a mujeres en situación de víctimas acorde a lo señalado por el artículo 20 Constitucional, Apartado C, puedan ser denunciados y sancionados cuando obstaculicen o impidan el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Esto es un primer paso hacia esta necesaria transformación social.
La falta de servicio profesional de carrera en materia de género hace difícil una profesionalización permanente y complica programas y proyectos de capacitación
Observando que el sistema de justicia y el derecho se han construido desde hombres y para hombres en esta visión hegemónica del sistema hetero patriarcal, en donde la llegada de mujeres a los espacios de toma de decisión va generando avances en una ruta larga y con muchos obstáculos. Pero estos avances normativos obligan a la observancia de nuestros derechos como humanas.
De los mayores obstáculos que enfrentamos es la falta de articulación entre las corporaciones policiales, los ministerios públicos y el sistema judicial, lo que significa confrontamientos entre estas fuerzas que desde hace algunos años se están sensibilizando y capacitando en prevención, atención, y sanción con perspectiva de género. Pero que siguen con prácticas misóginas, sexistas, que generan un sesgo de género en la atención y muy pocas medidas de prevención.
La falta de servicio profesional de carrera en materia de género hace difícil una profesionalización permanente y complica programas y proyectos de capacitación que no cuentan con indicadores de resultados y de efectos a largo plazo. Se crean Protocolos de actuación y de Prevención a las violencias que están en proceso de implementación, pero que sin articulación y sin herramientas de trabajo, se convierten en letra muerta e intentos fallidos.
Además, agravan la situación, diversas problemáticas que no se han podido acotar: van desde cambios de administraciones municipales cada 3 o 4 años que implican la remoción de la mayoría del personal policial capacitado, así como la enorme carencia de materiales desde guantes para preservar pruebas, cinta para resguardar la escena del crimen, chalecos antibalas, seguros de vida. Acompañado de salarios precarizados y la nula terapia de contención, se convierten en un coctel molotov y poco resuelve el problema de fondo.
Aún con la Alerta de Violencia de Género, seguimos siendo brutalmente asesinadas. El feminicidio, crimen de odio contra las mujeres, cobra la vida de al menos 7 mujeres al día, 210 al mes, 2555 al año. No somos cifras, somos vidas, somos humanas, necesitamos de toma de conciencia y acciones conjuntas, de emergencia, entre el gobierno y la ciudadanía.
Las resistencias son muchas, sobre todo de quienes han contado con privilegios que significan una forma de opresión para una clase social, un colectivo mayoritario, las mujeres. 53.3% de la población en México, hemos sido tratadas en políticas gubernamentales como vulnerables, un estado donde más de la mitad de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad, es un Estado que debe replantearse.