MEMORIOSAS TODAS, SIEMPRE
Todos los días se exigen mecanismos y el cumplimiento a los marcos jurídicos nacionales e internacionales para la eliminación de la discriminación contra las mujeres.
El reconocimiento y sanción de la violencia contra las mujeres es una política pública internacional instaurada desde el año 1975 con la Conferencia Mundial de la Mujer, durante la cual, todos los países participantes, incluyendo México, país anfitrión, ratificaron los acuerdos de dicha Convención. De forma paralela, en nuestro continente, en el año 1994, se adopta la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de la Mujer (Convención de Belém do Pará), en la que se destaca que la violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres (especialmente en la región). Esta misma Convención señala como una obligación para el Estado el tutelar los derechos humanos de las mujeres, entendiendo que la omisión o tolerancia de dicha violencia, puede constituir violaciones a los mismos.
En el panorama nacional, en noviembre de 2004, y ante la urgente necesidad de atender los derechos humanos fundamentales de las mujeres y las niñas, y dar cumplimiento a los instrumentos internacionales en la materia, ratificados por el Senado, es presentada la Iniciativa de la Ley General que crea el Sistema Nacional de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Paralelamente, en la Cámara de Diputados es presentada por un grupo de diputadas feministas la iniciativa de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ambas iniciativas tuvieron que recorrer un largo camino para ir adecuándose a las necesidades dictadas por la realidad y consolidar así su aprobación, lográndose en primer término la propuesta del Sistema, pero en virtud de que ambos proyectos coincidían en el objetivo principal de garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, se estimó pertinente optar por la denominación de la segunda. A partir de su aprobación, el 01 de febrero de 2007, la Ley General brinda los parámetros jurídicos para que de manera coordinada los tres niveles de gobierno prevengan, sancionen, erradiquen la violencia hacia las mujeres y garanticen los derechos humanos específicos de las mismas.
No obstante, la realidad sigue siendo distante: las llamadas diarias de las familias de las víctimas, o los largos e incómodos —para el gobierno— procesos de acompañamiento que dan cuenta que gran parte de la normatividad sigue siendo letra muerta y que el estado continúa incumpliendo los acuerdos internacionales suscritos en la materia.
Continúa evidenciándose la violencia institucional en todas sus dimensiones, desde el desdén o la arrogancia en el primer contacto; la revictimización al pasar de un escritorio a otro para relatar el testimonio; la ausencia de políticas públicas eficientes en la prevención o la descalificación a las organizaciones civiles críticas especialistas en el tema, entre otros aspectos, reflejan el incumplimiento en el deber de garantizar la seguridad jurídica a las mujeres y las niñas, omisión que se transforma en injusticia e impunidad en los procesos que son denunciados a lo largo y ancho del territorio nacional.
Hasta hace un par de meses las autoridades del Estado de Aguascalientes habían sido omisas en la homologación legislativa para otorgar seguridad jurídica a toda muerte violenta de mujeres en el estado a través de la tipificación del feminicidio, situación que venía arrastrándose por varias administraciones. Hoy debemos reconocer la importancia de que se hayan realizado las reformas al Código Penal del Estado para la clasificación del feminicidio como delito autónomo y que se hayan observado los Protocolos estatales establecidos en la Sentencia de Campo Algodonero, una obligación que estaba pendiente con todas las mujeres y sociedad de Aguascalientes, avanzando de esta forma otro trecho en la consolidación del derecho a una vida libre de todas las violencias.
Sin embargo, consolidar este avance dependerá de la actuación de las autoridades encargadas de los procesos de investigación, procuración e impartición de justicia en el Estado, del apego a los marcos de actuación, de la interpretación jurídica dictada ya en sentencias internacionales y jurisprudencia nacional, de la correcta interpretación y aplicación del Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género de Muertes Violentas de Mujeres en el Estado de Aguascalientes, basado en protocolos más vastos y exhaustivos respecto de los criterios para la investigación de muertes violentas de mujeres, motivo por el cual no podrán aceptarse conclusiones que pretendan cerrar investigación alguna si es que no se ha demostrado la exhaustividad en la investigación o no se han apegado a los estándares internacionales de debida diligencia establecidos en dichos protocolos.
No hay duda de que vivimos en un contexto de naturalización del acoso y hostigamiento en todos los espacios — con un acentuado menosprecio y desdén por la obligatoriedad de protocolos específicos en centros laborales y escolares—, en un contexto de violencia feminicida que ha costado vidas; en un discurso abstracto y superficial sobre esta alarmante situación, pero ante este panorama, existen personas memoriosas que no silencian la rabia e impulsan desde su tribuna, su voz y su cuerpo, la denuncia mediante distintas manifestaciones a nivel nacional.
Todos los días se escribe la exigencia y la resistencia desde colectivos feministas, academia, instituciones aliadas, sociedad civil organizada y no organizada; se exigen mecanismos como la declaración de las alertas de género o la implementación de protocolos necesarios y en cumplimiento a los marcos jurídicos nacionales e internacionales para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y la de todas las violencias. No nos rendimos, no nos rendiremos.
No hay duda de que vivimos en un contexto de naturalización del acoso y hostigamiento en todos los espacios, en un contexto de violencia feminicida que ha costado vidas