RICARDO A. BUCIO MÚJICA
La responsabilidad cae, inicialmente, en los servidores públicos; pero la sociedad en general debe contribuir.
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
Dentro de los fenómenos de violencia que enfrentan las personas de 0 a 17 años de edad en México, las niñas y las adolescentes son quienes resienten más sus lamentables efectos. Hay una cuestión cultural y social que lo explica, al tener normalizada la desigualdad de género impuesta a las mujeres desde que son niñas. Hay también violencias legalizadas, como el matrimonio infantil que aún se permite en seis estados de la República.
Ante violencias tan normalizadas y diversificadas que enfrentan las niñas y las adolescentes en espacios públicos y privados, en espacios físicos y virtuales, no existen soluciones mágicas ni responsabilidades únicas. Familias, gobiernos, empresas, organizaciones sociales, medios de comunicación y todos los agentes sociales somos corresponsables de atender y resolver esta problemática como un tema de urgencia y alarma social.
México presentó en agosto la “Alianza por una Niñez sin Violencia”, la cual es la respuesta del Estado mexicano como país pionero de la Alianza Global para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, donde cada uno de estos sectores asumió un compromiso en ese sentido. Ello requiere un cambio cultural sin precedentes.
Desde el sector público, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) ha detectado una enorme área de oportunidad al contar con miles de servidoras y servidores públicos federales, estatales y municipales en todo el territorio nacional, quienes día a día atestiguan el embarazo infantil y adolescente, la violencia, la deserción escolar de niñas, el matrimonio infantil y muchos problemas más que limitan su pleno ejercicio de derechos y que, por mandato legal de sus atribuciones específicas o por desconocimiento, estas problemáticas se omiten bajo la lógica de “ese tema no me corresponde”.
La Política Nacional de Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes está dirigida a construir un Proyecto País para este grupo de población donde transitemos de una administración sectorial a una intersectorial, con objetivos y metas comunes en la articulación de programas y presupuestos federales. Una administración donde la eliminación de las violencias sea responsabilidad de todas y todos los servidores públicos en el territorio, sin importar cuál es el tema de su responsabilidad.
El reto es lograr ver a las niñas y las adolescentes como niñas y adolescentes, no solo como “estudiantes”, “pacientes”, “beneficiarias”, “afiliadas”, “víctimas”, entre otras. El reto es verlas como personas y abocarnos juntos a su desarrollo integral.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) ha detonado una institucionalidad y un cambio normativo para lograr intervenciones públicas más efectivas en favor de toda la niñez, como responsabilidad ya no solo de unos cuantos actores, sino de la totalidad de instancias y entes públicos y privados, con el conocimiento de que la acción conjunta logrará que todas las partes alcancen sus metas.
La Alianza por una Niñez sin Violencia y la estrategia territorial del SIPINNA buscan, entre otras cosas, alcanzar una vida libre de violencia para todas las niñas y adolescentes del país, cuyo presente y futuro dependa exclusivamente de sus sueños y no de los prejuicios que las limitan.
Se necesita una administración donde la eliminación de las violencias sea responsabilidad de todas y todos los servidores públicos en el territorio, sin importar cuál es el tema de su responsabilidad