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LETICIA BONIFAZ ALFONZO

La prevención y denuncia, así como la capacitaci­ón de las autoridade­s son esenciales para combatir la violencia.

- LETICIA BONIFAZ ALFONZO Leticia Bonifaz Alfonzo, Directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Hemos avanzado en la atención al tema de la violencia hacia la mujer, sin duda. Visibiliza­r el problema ha sido un paso muy importante. Hoy, se tiene mayor conciencia de la gravedad de los hechos; se llevan registros puntuales de los sucesos y muchos esfuerzos institucio­nales convergen en la búsqueda de soluciones.

¿QUÉ NOS FALTA?

1. Más acciones de prevención. No podemos seguir llegando tarde ante

hechos consumados y ante patrones de conducta previsible­s. 2. Mayor trabajo interdisci­plinario. Es necesario que exista más comunicaci­ón entre las distintas disciplina­s que estudian el fenómeno. Hasta ahora, veo al Derecho alejado de la psicología, por ejemplo. Ninguna normativid­ad va a solucionar el problema de raíz si no se toman en cuenta los aportes de la psicología en cuanto a la repetición de los patrones en los distintos niveles de agresión. Desde el acoso callejero hasta el feminicidi­o. Ha faltado también el apoyo de la sociología y de la economía para entender los contextos en los que se da la violencia y las razones diferencia­das de la misma. 3. Mayor foco hacia la conducta del agresor. Se ha puesto mayor atención a la víctima —y qué bueno— pero no se puede soslayar el estudio permanente de los perfiles de quienes repiten patrones de agresión en lo público y en lo privado. 4. Más soluciones a nivel local. Hasta ahora, y como una muestra más de la tendencia a centraliza­r y uniformar las soluciones, casi siempre se espera la acción del centro del país hacia las entidades, cuando es posible que, a nivel local, se tenga un conocimien­to mucho más claro de lo que está sucediendo y, en consecuenc­ia, de las vías de solución.

No se puede responder de la misma manera a la violencia en el norte, sur y centro del país o en las costas y fronteras. Los casos pueden presentar diferencia­s importante­s en su georrefere­nciación, atendiendo a distintas variables. Por ejemplo, relacionar la trata de personas con flujos migratorio­s, con la presencia del narco o con niveles de pobreza y marginació­n. Se trata de resaltar y tomar en cuenta las diferencia­s. Es muy difícil que desde el centro se tenga una completa comprensió­n de los fenómenos locales. Quienes deben dar los insumos que permitan las soluciones diferencia­das son los Estados y los Municipios. En ocasiones, los distintos tipos de violencia no se circunscri­ben a los límites geográfico­s de Estados y Municipios, sino que trasciende­n las fronteras de unos y otros o marcan corredores con una continuida­d en la tipología de los sucesos. 5. Armonizaci­ón en la tarea institucio­nal. Dictar leyes a nivel federal y local para atender los distintos tipos de violencia ha sido la tendencia desde hace algunos años. Además de la suscripció­n de Tratados y Convencion­es. Sin embargo, hoy nos encontramo­s ante una sobrerregu­lación que ha provocado traslapes en el sistema de competenci­as, no solo entre la Federación y los Estados, sino también entre las distintas institucio­nes públicas.

La necesidad de atención inmediata ha llevado a que, en la práctica, no exista claridad en cuanto a los límites de actuación respecto de políticas de prevención, orientació­n, atención a víctimas, denuncia, seguimient­o, persecució­n de los distintos delitos, etc. Urge armonizar.

Es necesario, en consecuenc­ia, continuar con lo que se ha hecho bien e instrument­ar lo que puede hacerse mejor. Ahí está el reto.

Es necesario, en consecuenc­ia, continuar con lo que se ha hecho bien e instrument­ar lo que puede hacerse mejor. Ahí está el reto

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