LETICIA BONIFAZ ALFONZO
La prevención y denuncia, así como la capacitación de las autoridades son esenciales para combatir la violencia.
Directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Hemos avanzado en la atención al tema de la violencia hacia la mujer, sin duda. Visibilizar el problema ha sido un paso muy importante. Hoy, se tiene mayor conciencia de la gravedad de los hechos; se llevan registros puntuales de los sucesos y muchos esfuerzos institucionales convergen en la búsqueda de soluciones.
¿QUÉ NOS FALTA?
1. Más acciones de prevención. No podemos seguir llegando tarde ante
hechos consumados y ante patrones de conducta previsibles. 2. Mayor trabajo interdisciplinario. Es necesario que exista más comunicación entre las distintas disciplinas que estudian el fenómeno. Hasta ahora, veo al Derecho alejado de la psicología, por ejemplo. Ninguna normatividad va a solucionar el problema de raíz si no se toman en cuenta los aportes de la psicología en cuanto a la repetición de los patrones en los distintos niveles de agresión. Desde el acoso callejero hasta el feminicidio. Ha faltado también el apoyo de la sociología y de la economía para entender los contextos en los que se da la violencia y las razones diferenciadas de la misma. 3. Mayor foco hacia la conducta del agresor. Se ha puesto mayor atención a la víctima —y qué bueno— pero no se puede soslayar el estudio permanente de los perfiles de quienes repiten patrones de agresión en lo público y en lo privado. 4. Más soluciones a nivel local. Hasta ahora, y como una muestra más de la tendencia a centralizar y uniformar las soluciones, casi siempre se espera la acción del centro del país hacia las entidades, cuando es posible que, a nivel local, se tenga un conocimiento mucho más claro de lo que está sucediendo y, en consecuencia, de las vías de solución.
No se puede responder de la misma manera a la violencia en el norte, sur y centro del país o en las costas y fronteras. Los casos pueden presentar diferencias importantes en su georreferenciación, atendiendo a distintas variables. Por ejemplo, relacionar la trata de personas con flujos migratorios, con la presencia del narco o con niveles de pobreza y marginación. Se trata de resaltar y tomar en cuenta las diferencias. Es muy difícil que desde el centro se tenga una completa comprensión de los fenómenos locales. Quienes deben dar los insumos que permitan las soluciones diferenciadas son los Estados y los Municipios. En ocasiones, los distintos tipos de violencia no se circunscriben a los límites geográficos de Estados y Municipios, sino que trascienden las fronteras de unos y otros o marcan corredores con una continuidad en la tipología de los sucesos. 5. Armonización en la tarea institucional. Dictar leyes a nivel federal y local para atender los distintos tipos de violencia ha sido la tendencia desde hace algunos años. Además de la suscripción de Tratados y Convenciones. Sin embargo, hoy nos encontramos ante una sobrerregulación que ha provocado traslapes en el sistema de competencias, no solo entre la Federación y los Estados, sino también entre las distintas instituciones públicas.
La necesidad de atención inmediata ha llevado a que, en la práctica, no exista claridad en cuanto a los límites de actuación respecto de políticas de prevención, orientación, atención a víctimas, denuncia, seguimiento, persecución de los distintos delitos, etc. Urge armonizar.
Es necesario, en consecuencia, continuar con lo que se ha hecho bien e instrumentar lo que puede hacerse mejor. Ahí está el reto.
Es necesario, en consecuencia, continuar con lo que se ha hecho bien e instrumentar lo que puede hacerse mejor. Ahí está el reto