12. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG

La conquista de mayores espacios de decisión para las mujeres es una tarea indispensable para dejar atrás las condiciones de desigualdad, subordinación y violencia

Secretario de Gobernación

Todos los días y en todo el país, se escriben nuevas historias de igualdad y empoderamiento. Historias de cambio, que están permitiendo dejar atrás viejas prácticas y estereotipos que obstaculizan el desarrollo pleno de nuestra sociedad. Historias que nos hablan del gran talento, el liderazgo y la capacidad de las mujeres mexicanas.

Lo vemos en la economía y el sector privado, donde contribuyen a la prosperidad y la generación de oportunidades, porque cada vez más están emprendiendo, invirtiendo e innovando. Lo vemos en el deporte, en la cultura, la academia, la ciencia y la sociedad civil, donde están destacando y poniendo muy en alto el nombre de México.

Y por supuesto, lo observamos también en la política, donde son cada vez más las mujeres que están ocupando espacios en las dirigencias de sus partidos, así como en los municipios, entidades federativas y en el ámbito federal.

No es producto de la casualidad. Por un lado, es resultado de muchas décadas de esfuerzo y de la lucha de muchas generaciones de mexicanas que han actuado para abrir los espacios de decisión y representación que merecen. No ha sido sencillo. Para lograrlo, han tenido que vencer obstáculos y sobreponerse a la adversidad. El contexto que enfrentan ha estado y sigue estando lleno de barreras y dificultades.

Por otro lado, durante los últimos años, México ha realizado una serie de transformaciones legales e institucionales para que las mujeres tengan el lugar que les corresponde en la vida del país, especialmente en la esfera de las decisiones públicas. La más reciente de ellas¬ y sin duda, la de mayor calado¬ es la que impulsó el Presidente Enrique Peña Nieto como parte de la Reforma Política de 2014, en la que se estableció el principio de paridad entre hombres y mujeres en el acceso a candidaturas a cargos de elección popular.

Fue un paso histórico. Se trató de una acción afirmativa muy necesaria para contar con un piso parejo en las condiciones de participación política, con el objetivo de que las mujeres dejaran de estar sub- representadas en los procesos democráticos. No fue algo gratuito. Fue una exigencia que venía de mucho tiempo atrás y que era necesario atender

para hacer que la voz de las mujeres se escuchara con mayor fuerza.

Los resultados de este cambio se vieron de inmediato. Hoy, 42% de la Cámara de Diputados lo conforman mujeres, una integración derivada del proceso electoral de 2015, el primero en el que se aplicó la Reforma Política. Esto coloca a México como uno de los países más avanzados en materia de representación de las mujeres en las legislaturas nacionales. Estamos en segundo lugar entre los países de la OCDE, tan solo después de Suecia.

La conquista de mayores espacios de decisión para las mujeres es una tarea indispensable para dejar atrás las condiciones de desigualdad, subordinación y violencia que aún pesan sobre muchas de ellas.

Primero, porque rompe con los roles tradicionales de género y envía un poderoso mensaje para aquellos que aún piensan, equivocadamente, que las mujeres no están preparadas para ejercer funciones de liderazgo o de gobierno. Y segundo, porque es mucho lo que puede hacerse desde estos espacios para diseñar e impulsar más estrategias, acciones y políticas públicas en favor del empoderamiento, y quién mejor que ellas mismas para tomar en sus manos esta labor.

Por eso es tan importante comenzar ahí, tal como ha sucedido durante las últimas dos décadas, para hacer de la esfera pública el primer frente de batalla en la construcción de acciones que contribuyan a revertir y poner fin a los rezagos que aún viven muchas mujeres. Y un paso fundamental en esa dirección es que las mujeres dejen de estar excluidas de la política. Sin embargo, es necesario reconocer la dimensión del reto. Construir una sociedad igualitaria es una tarea que exige ir mucho más allá de cuotas de género o cambios legales e institucionales.

Sobre todo, ante problemáticas tan complejas como la violencia de género, uno de los flagelos más dolorosos que pesan sobre las mujeres y que limitan su potencial. De todos los factores que frenan la realización plena de las mujeres, la violencia de género es, sin duda, la más reprobable. No solo por las afectaciones físicas, económicas y emocionales que genera ¬a veces de forma irreparable¬, sino también porque trunca proyectos de vida.

Se trata de un desafío que no es exclusivo de México y que no reconoce fronteras, siendo una de las violaciones de derechos humanos más recurrentes en todo el planeta. Tan solo para dimensionar lo anterior, podemos mencionar que, de acuerdo con la ONU, casi una tercera parte de las mujeres en el mundo que han sostenido una relación de pareja han sido víctimas de violencia física o sexual. De ahí que su erradicación sea parte de esfuerzos internacionales tan importantes como los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En México, y debemos decirlo con toda claridad, la violencia de género es una problemática que tiene dimensiones preocupantes. De acuerdo con datos del INEGI, 6 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido, al menos, un incidente de violencia en cualquier ámbito y momento de su vida; 4 de cada 10 han sido agredidas por su actual o su última pareja, ya sea en su matrimonio o relación de noviazgo; 5 de cada 10 no le cuenta a nadie la violencia que sufre; y 8 de cada 10 jamás denuncia.

Aquí, observamos que el silencio es un cómplice recurrente de la violencia. En muchos de los casos, las agresiones se viven en la soledad, sin hablarse y sin visibilizarse. Lo que plasma un patrón cultural en el que la violencia contra la mujer sigue siendo reprimida, aceptada o tolerada. Así, la mentalidad y las prácticas machistas, junto al temor y los estereotipos, están en el fondo de la problemática. Las cifras no solo reflejan el tamaño del desafío, sino también las formas de pensar y de actuar que lo generan.

También es importante señalar que detrás del fenómeno de la violencia de género existen factores estructurales. Me refiero a condiciones políticas, sociales y económicas que han prevalecido durante mucho tiempo y que ponen a las mujeres en una situación de vulnerabilidad y desventaja. Por ejemplo, de acuerdo con cifras de la OCDE, solo 47% de las mexicanas en edad productiva participan en la fuerza de trabajo y casi 60% de las que trabajan tienen empleos informales, con poca protección social y baja remuneración.

Dicha circunstancia disminuye o impide la independencia económica de muchas mujeres, generando un doble riesgo: que es más fácil caer y más difícil salir de los círculos de la violencia de género, por la falta de medios para valerse por sí misma; es decir, una mujer que no depende económicamente de su agresor tiene más posibilidades de romper en cualquier momento la situación de violencia.

Se trata de problemáticas que no solo se reflejan en las estadísticas, sino que podemos observar en la realidad cotidiana que viven muchas mujeres. La discriminación o el trato desigual al buscar un empleo o al pedir un

México ha realizado una serie de transformaciones legales e institucionales para que las mujeres tengan el lugar que les corresponde en la vida del país, especialmente en la esfera de las decisiones públicas

ascenso. La frustración de tener que abandonar sus estudios por falta de recursos económicos o de apoyo familiar. La rabia ante situaciones de acoso en el transporte, los espacios públicos o las redes sociales. O el dolor y la impotencia ante las agresiones sufridas.

Ante esta realidad, es necesario actuar de manera contundente. Así lo hemos hecho durante los cinco años de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Lo primero que se hizo fue situar la perspectiva de género al centro de la agenda y los esfuerzos gubernamentales, convirtiéndola en un eje transversal de todas nuestras políticas y acciones; porque ante este desafío, es necesario actuar de forma articulada y con medidas de fondo, no con esfuerzos aislados y sin un enfoque integral, como sucedía antes.

A partir de ello, se puso en marcha el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que ha beneficiado a más de 16.2 millones de mexicanas, con acciones concretas: desde protección y atención especializada para que puedan vencer los círculos de violencia; hasta créditos, proyectos productivos y capacitación para que puedan emprender, salir adelante y recuperar su proyecto de vida.

Muy importante en ese sentido ha sido la labor que se realiza desde los Centros de Justicia para las Mujeres, desde los cuales se ha respaldado a más de 343,000 mujeres en situación de violencia. En los centros convergen, por un lado, las áreas de asistencia, en las que se brinda asesoría jurídica, servicios médicos y psicológicos, atención infantil especializada y apoyo para el empoderamiento económico; y, por otro lado, las áreas de procuración de justicia, integradas por la policía especializada en violencia de género, ministerios públicos, medicina legista, sala de juicios orales y zonas de detención.

Durante este gobierno se ha realizado un esfuerzo sin precedentes para la creación y el fortalecimiento permanente de estos centros, a los cuales se ha destinado un presupuesto de más de 253 millones de pesos. A la fecha, contamos ya con 37 centros en 24 entidades federativas (30 de los cuales se han construido en esta administración). Y 11 más se encuentran en proceso de construcción, lo que nos acerca al objetivo de contar con al menos uno en cada Estado de la República.

Asimismo, gracias a que se fortaleció y se despolitizó la Alerta de Violencia de Género, ha sido posible un trabajo conjunto mayor con las entidades federativas que enfrentan contextos graves de violencia. Derivado de dichos esfuerzos, se han obtenido avances ahí donde más se requiere, como la elaboración de diagnósticos, la implementación de programas estatales de capacitación a servidores públicos, el fortalecimiento de los servicios de atención a víctimas, la puesta en marcha de estrategias para la reeducación de agresores, o el rediseño de los Bancos Estatales de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, entre otras.

De igual manera, y en colaboración con la SEDATU y ONU-Hábitat, se promueve una política de asentamientos humanos seguros, incluyentes y equitativos, que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género. Esto a través del programa “Ciudades Seguras para las Mujeres”, rehabilitando, recuperando y dignificando los espacios públicos que recorren las mujeres, niñas y jóvenes en sus trayectos diarios, para garantizar condiciones de movilidad segura y entornos urbanos libres de violencia.

A la par de lo anterior, se realizan esfuerzos en múltiples ámbitos: desde la colaboración con el sector privado para impulsar el emprendimiento y el desarrollo de habilidades productivas, hasta la implementación de la línea 01800 Háblalo que ha otorgado más de 66,000 servicios de atención y orientación, o el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Federal.

Todo ello, en un marco de trabajo conjunto con organismos internacionales: con la Comisión Interamericana de Mujeres para implementar el Sistema de Indicadores de Progreso para la medición de la implementación de la Convención de Belém do Pará; con ONU- Mujeres en el impulso a la Campaña “Nosotros por Ellas”, en la que México ha ocupado los primeros lugares internacionales en la suma de adherentes; y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en favor del acceso a la justicia.

Y por supuesto, seguiremos trabajando muy cerca de las entidades federativas para redoblar esfuerzos en tres rubros prioritarios: 1) la capacitación y profesionalización de las corporaciones policiales, para garantizar que actúen de manera efectiva, sensible y con perspectiva de género; 2) el fortalecimiento de los ministerios públicos y sus capacidades de investigación, para evitar la revictimización y no dar cabida a la impunidad en los casos de violencia de género; y 3) la armonización legislativa en todas las entidades federativas, para tipificar el delito de feminicidio y despenalizar el aborto en casos de violación.

No olvidemos que se trata de un desafío que nos exige actuar con perspectiva de Estado, sumando los esfuerzos de sociedad, instituciones y órdenes de gobierno. Esa es la única manera de lograr no solo los cambios legales, sino también las transformaciones estructurales y culturales que se requieren para ponerle punto final a este flagelo.

Esto pasa, desde luego, por modificar la mentalidad y las prácticas sociales, para ponerle un alto al machismo y decirle adiós en todos los ámbitos y en todos los frentes. Adiós al machismo en las escuelas, trabajos y comunidades. Adiós al machismo en los hogares, las calles y espacios públicos. Un adiós firme y contundente. Un adiós en el aquí y el ahora. Un adiós para siempre.