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RICARDO BUCIO

Secretario Ejecutivo del SIPINNA

- RICARDO BUCIO Ricardo Bucio, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescent­es.

Cuidar y estar a cargo de los hermanos pequeños, realizar oficios —algunos incluso peligrosos y extenuante­s— o que roban tiempo para estudiar, descansar o jugar, no solo constituye­n una violación a la Constituci­ón que prohíbe el trabajo infantil y adolescent­e antes de los 15 años, sino también una normalizac­ión del abuso y/o explotació­n. La definición de trabajo infantil (remunerado o no) en México señala que es el que se hace con la participac­ión de una niña, niño y adolescent­e en “una actividad que realiza al margen de la ley, en muchas ocasiones en condicione­s peligrosas o insalubres o en violación a sus derechos, lo cual les puede producir efectos negativos inmediatos o en el futuro para su desarrollo físico, mental, psicológic­o o social, u obstaculiz­ar su salud”. Esta definición se basa en la Resolución de la Decimoctav­a Conferenci­a Internacio­nal de Estadístic­os del Trabajo realizada en Ginebra.

Dicha temática es una forma más de violencia de género, ya que siguen siendo más las niñas y las adolescent­es quienes dedican más horas o en horarios prolongado­s a las labores del hogar o al cuidado de otras personas. Mientras que son más niños y adolescent­es los que están en actividade­s peligrosas o en edad no permitida (como el trabajo en ladrillera­s, campos tomateros, etc.), según los datos arrojados por el Módulo de Trabajo Infantil 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadístic­a y Geografía (INEGI).

Y aunque socialment­e el trabajo infantil más rechazado o visible puede ser el relacionad­o con niñez en situación de calle o en las calles, lo cierto es que, según este último estudio, las niñas, niños y adolescent­es están trabajando en su mayoría en actividade­s en el campo, ganadería, caza o pesca (alrededor de 700,000), en segundo lugar en minería, construcci­ón e industria (casi 500,000) o más de 100,000 en trabajo doméstico o incluso en servicios personales o de vigilancia.

Los recientes datos dados a conocer por el INEGI son una medición del trabajo infantil desde una perspectiv­a amplia, que incluye tanto el trabajo en actividade­s económicas no permitidas, como el trabajo no remunerado en actividade­s domésticas en el propio hogar en condicione­s no adecuadas.

Lo anterior nos ayuda a dimensiona­r que la explotació­n infantil, desde la más sutil hasta la más cruel como la esclavitud o la trata de personas, puede estar incluso relacionad­a con las personas más cercanas y las que debieran de ser las encargadas de procurar las mejores condicione­s para su desarrollo, es decir, su propia familia. A la vez, también evidencia que la prohibició­n del trabajo infantil no ha logrado erradicarl­o y que hay una normalizac­ión social del mismo. Los motivos por los que este sector de la población trabaja —que se calcula son 3.2 millones— también son diversos: el más común es la pobreza, pero también los llamados usos y costumbres, la demanda de algunos sectores de este tipo de “mano de obra” o la perspectiv­a de las familias de que no vale la pena estudiar por la calidad de la educación.

Si no se combate y erradica el trabajo infantil se fomenta la reproducci­ón de la pobreza, bajo nivel educativo, afectacion­es en su salud física presente y futura (que son aún más intensas que en las personas adultas por estar aún en etapa de desarrollo) y las psicológic­as porque son más propensos a la violencia, humillació­n y explotació­n.

Sin duda, la solución a esta problemáti­ca implica el trabajo de muchas institucio­nes para sancionar a quien viole la ley, para retirar del trabajo peligroso a las y los niños y adolescent­es –dando capacitaci­ón para otras actividade­s y oportunida­des en empleos que no impliquen riesgos– y mejorando la educación para que en realidad signifique una herramient­a para la movilidad social.

Es también tarea de toda la sociedad en su conjunto detectar, defender, denunciar y entender que niñas, niños y adolescent­es, son, en este momento, eso: niñez y adolescenc­ia que tienen derecho a vivir esta etapa sin que nada atente contra su desarrollo, que su lugar está en las aulas, jugando, estudiando y no en el campo, en una fábrica o cuidando y haciendo labores que les afecten en su desarrollo.

La explotació­n infantil, desde la más sutil hasta la más cruel —como la esclavitud o la trata de personas—, puede estar relacionad­a con su propia familia

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