RESPETO A LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD
En septiembre de 2001, México propuso a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la elaboración de una convención para la protección de los derechos de las personas con discapacidad; en el proceso de negociación participaron 189 Estados Parte de la ONU y como resultado, el documento se firmó el 30 de marzo de 2007. Fue así como nació la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), siendo México el principal impulsor del primer tratado internacional de derechos humanos del siglo XXI.
La Convención se caracterizó por presentar un nuevo análisis sobre el paradigma de la discapacidad, al pasar de un modelo solamente médico a uno social, que compromete a los Estados firmantes a contar con legislación y políticas públicas que consideren a todas las personas con discapacidad como sujetas de derechos y en donde el derecho al trabajo, el monitoreo para el cumplimiento de las normas de accesibilidad, los derechos de las mujeres con discapacidad, entre otros temas, se visibilizan y son exigibles para los Estados firmantes.
La Convención otorga particular importancia a promover la cooperación internacional y mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, en especial en los países en desarrollo.
En México, el documento fue aprobado y ratificado por el Senado el 17 de enero de 2008; ello resultó crucial para que el gobierno y la sociedad civil desarrollaran sinergias y generaran acciones para garantizar el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad, a su autonomía, a la libertad para tomar decisiones, a la igualdad de oportunidades y accesibilidad, así como su derecho a preservar su identidad, entre otras.
Si bien en nuestro país las personas con discapacidad son titulares de todos los derechos humanos previstos en la Constitución Política, a partir de la reforma constitucional de 2011, también lo son de aquellos contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte.
En el marco de la ONU, es el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad el órgano de especialistas independientes que supervisa la aplicación de esta Convención por parte de los Estados firmantes, que deben presentar periódicamente un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir sus obligaciones y sobre los progresos realizados.
México sustentó su informe inicial relativo a la aplicación de esta Convención, en septiembre de 2014, y presentó su II y III Informe Consolidado en enero de 2018, el cual deberá sustentar en 2019. El Comité orienta sus recomendaciones para que, de manera progresiva, los Estados logren garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas con discapacidad.
Asimismo, el Comité hace suyas las preocupaciones manifestadas por las organizaciones de la sociedad civil y exhorta a los Estados a atender con urgencia situaciones particulares y temas de mayor preocupación.
Por ejemplo, el Comité ha instado a México a prevenir y combatir la discriminación interseccional que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad, tanto en zonas urbanas como rurales, y a recopilar sistemáticamente estadísticas y datos que permitan su evaluación.
A partir de enero de 2019 y hasta 2022, orgullosamente la profesora mexicana Amalia Eva Gamio Ríos fungirá como experta independiente en el citado Comité.
La Convención otorga particular importancia a promover la cooperación internacional y mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, en especial en los países en desarrollo