MUJERES EN DESVENTAJA
Urgen políticas de envejecimiento con perspectiva de género.
Las personas mayores son un grupo en situación de vulnerabilidad, que enfrenta cotidianamente dificultades para ejercer plenamente sus derechos y libertades fundamentales; las mujeres no están exentas de esta lacerante realidad, pues el solo hecho de ser mujeres las coloca en una posición de desventaja debido a las condiciones históricas de exclusión, discriminación y pobreza en las que han vivido y que, difícilmente, superarán en su vejez; por el contrario, es en esa etapa de su vida donde más se acentúan y agravan, debido a los roles y estereotipos de género que fueron marcando y determinando sus vidas.
Para muchas mujeres, esta etapa de su vida es realmente difícil, pues llegan a ella enfermas, sin un esquema de seguridad social, sin pensiones, sin bienes ni propiedades, que les permitan hacer frente a las necesidades más básicas de la vida adulta, sobre todo, aquellas que dedicaron su vida a las tareas domésticas y de los cuidados. Ser mujer, pobre y de edad avanzada, son factores de riesgo y vulnerabilidad que facilitan la violación de sus derechos.
Por eso, necesitamos con urgencia impulsar políticas públicas que aborden el envejecimiento desde la perspectiva de género, que permitan tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres para que alcancen una vejez digna y con derechos.
Uno de los primeros desafíos a los que nos enfrentamos es superar los acercamientos asistencialistas del envejecimiento, ya que dificultan el reconocimiento de esta población como personas sujetas de derechos, capaces de actuar y decidir por sí mismas.
Requerimos de un abordaje de la vejez desde una perspectiva de derechos, que nos permita reconocer que ellas tienen los mismos derechos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no ser objeto de discriminación por la edad, ni de ningún tipo de violencia, son consecuencia de la dignidad y la igualdad inherentes a todo ser humano.
Esto, necesariamente, debe incidir en cómo nos referimos a esta población: en los últimos sexenios en México, los conceptos han sido diversos, desde “adultos mayores” hasta “adultos en plenitud”, este último planteado más bien como aspiración, pues no siempre la vejez representa para muchos una etapa plena de la vida. Lo que propongo es empezar por reconocer, primero, su condición de “personas” con dignidad y derechos y, segundo, la situación de edad en la que se encuentran: “personas mayores”, así de sencillo.
En este sentido se ha manifestado la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que plantea la hoja de ruta que deben seguir los Estados en la región para garantizar a todas las personas que, en la medida que envejecen, deben seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y, sobre todo, participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades. Urge que nuestro país ratifique este importante instrumento internacional.
La Convención señala la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos, para reconocer las valiosas contribuciones actuales y potenciales de las personas mayores al bienestar común; a la identidad cultural; a la diversidad de sus comunidades; al desarrollo humano, social y económico, y a la erradicación de la pobreza.
Insiste también en la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todas las políticas y programas dirigidos a hacer efectivos los derechos de las personas mayores, y señala la necesidad de eliminar toda forma de discriminación y violencia en contra de esta población.
Esta Convención es una oportunidad para impulsar una perspectiva del envejecimiento activo, es decir, el proceso que nos permita optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen, para que las mujeres que vivan muchos años, lo hagan en condiciones de dignidad y con pleno respeto a sus derechos humanos. Hacia allá deben orientarse las políticas públicas del envejecimiento en nuestro país.
Necesitamos con urgencia impulsar políticas públicas que aborden el envejecimiento desde la perspectiva de género, que permitan tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres