CUIDADORAS, PROVEEDORAS Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL
Hace un año aproximadamente, en una de mis visitas a un municipio para el acompañamiento de procesos comunitarios, una señora de casi 80 años me detuvo para preguntarme si sabía dónde estaba el abogado de la Presidencia Municipal, pues quería ver cómo podía recuperar su casa. Al preguntarle qué había pasado, me contó que había salido unos días de vacaciones para visitar a unos familiares, pero al regresar no podía abrir la puerta de su casa, sus llaves no servían. Entonces tocó la puerta para que el hijo que vivía con ella o su nuera le abriera. En efecto, le abrieron, pero el hijo ya no la dejó entrar, le dijo que para qué se había ido, que además esa casa ya no era de ella sino de él, y que él tenía los papeles que probaban eso, por lo tanto, ya no podía pasar.
La señora muy sorprendida, indignada y sin entender, le preguntó que cuáles papeles, si las escrituras estaban a nombre de ella y ella no había firmado nada; pero el hijo le aseguró que las escrituras ya estaban a su nombre y que tenía todas las firmas necesarias. Así que le cerró la puerta en las narices y la dejó en la calle. Esa noche pudo quedarse en casa de un familiar.
Al otro día, fue cuando la encontré buscando asesoría y el único ingreso que tenía era el del programa social que le llegaba.
Esta es una de tantas historias que están sucediendo en nuestro país. Las personas adultas mayores, además de enfrentar la precariedad por falta de pensiones, seguridad social e ingresos, están sufriendo violencia económica por parte de sus hijas e hijos, pues en muchos casos son despojadas de las ayudas sociales que reciben (si es que las reciben), enfrentan violencia patrimonial, pues están siendo objeto de la rapiña voraz de su familia, además de la violencia psicológica por los malos tratos que les dan. En otros casos, hasta violencia física y omisiones de cuidado, aun cuando ellas fueron cuidadoras de sus hijas e hijos, y siguen siendo cuidadoras de sus nietos.
De acuerdo con las proyecciones que estima el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2017 habitaban en el país casi 13 millones de personas de 60 y más años, de los cuales 53.9% eran mujeres y 46.1% hombres. Casi una cuarta parte vive en zonas rurales donde su nivel de precariedad y vulnerabilidad aumenta.
Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2016) señalan que en el país hay 33.5 millones de hogares y en 30.1% de estos, reside al menos una persona de 60 y más años. En México hay 1.6 millones de personas de 60 y más años que viven solas y la mayoría son mujeres (63%). Otro aspecto que vulnera a los hogares con al menos un adulto mayor es que su único ingreso proviene de una o varias personas que tienen 60 y más años: 37.1% (3.7 millones) de estos hogares cumple con dicha condición.
Cabe señalar que el porcentaje de la población de 60 y más años que no es económicamente activa es del 66.1%, y de estos, más de la mitad se dedica a los quehaceres del hogar (54%). Además, solo una cuarta parte (26.1%) de los adultos mayores se encuentran pensionados (ENESS 2013).
Casi la mitad del total de adultos mayores recibe apoyos de programas gubernamentales y, a diferencia de sus hijos y/o nietos, residen en una casa de la cual son propietarios, lo que los ha colocado en una situación de proveedores de manera prolongada con sus familias, siendo objeto de violencia económica y patrimonial.
El aumento de la expectativa de vida es incompatible con el aumento de precariedad laboral y el déficit de prestaciones sociales. Es urgente que, a fin de garantizar que todas las personas y, en especial las mujeres que, de acuerdo con las estadísticas tienen por delante una vida más larga, cuenten con las condiciones mínimas para que esa vida pueda ser plena, saludable y libre de violencias.
Es urgente que las adultas mayores cuenten con las condiciones mínimas para que esa vida pueda ser plena, saludable y libre de violencias