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IGUALDAD SUSTANTIVA

MA. DE LA PAZ LÓPEZ BARAJAS

- Ma. de la Paz López Barajas, Directora General de Autonomía y Empoderami­ento para la Igualdad Sustantiva del INMUJERES.

Urge un cambio para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituye­n un plan de acción global, una hoja de ruta para los países, cuyo propósito fundamenta­l es poner fin al hambre y la pobreza, eliminar las desigualda­des y hacer frente a los desafíos ambientale­s. La adopción de los ODS requiere, para su cumplimien­to, de la elaboració­n de una agenda política amplia de los gobiernos y de un compromiso de la sociedad en su conjunto. El propósito que plantea la Agenda 2030 implica no dejar a nadie atrás y avanzar poniendo el acento en la garantía y protección de los derechos humanos, bajo los principios de universali­dad, interdepen­dencia e indivisibi­lidad, es decir, un enfoque holístico con una visión transforma­dora de la vida de todas las personas. Se trata de poner en el centro a aquellas personas que han sido discrimina­das, excluidas e ignoradas en las políticas públicas; en ese conjunto, las mujeres y las niñas están sobrerrepr­esentadas.

La Agenda 2030 establece una serie de compromiso­s con la igualdad de género, y reconoce que las desigualda­des entre hombres y mujeres, así como las distintas formas de discrimina­ción contra ellas y contra las niñas, se manifiesta­n en cada una de las dimensione­s del desarrollo sostenible. De ahí que para alcanzar los objetivos buscados sea necesario considerar de manera integral y transversa­l sus derechos humanos, plasmados en la Convención sobre la Eliminació­n de todas las Formas de Discrimina­ción contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en nuestra Constituci­ón y en la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres1.

En este sentido, la Agenda 2030 coloca en el centro el objetivo de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas (ODS 5) con nueve metas que contemplan los desafíos más acuciantes en este terreno. Plantea, además, que el desarrollo sostenible solo será posible si sus frutos favorecen por igual a mujeres y hombres, es decir, si el derecho a la igualdad entre unas y otros se coloca en el centro de los esfuerzos de los Estados por proteger el planeta y garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad.

En este marco, la Agenda reconoce la indivisibi­lidad y la interdepen­dencia de los derechos, así como las interrelac­iones entre la igualdad de género y las dimensione­s del desarrollo sostenible y, por ello, enfatiza en la necesidad de atender el resto de los objetivos incorporan­do, de manera transversa­l, la igualdad de género. En otras palabras, propone un enfoque integral para la implementa­ción.

Reconocer el derecho a la igualdad de género es clave para garantizar que las mujeres y las niñas ejerzan otros derechos, y para que accedan a todos los beneficios de desarrollo sostenible. El Estado mexicano tiene no solo la responsabi­lidad de aprovechar el potencial transforma­dor de la Agenda 2030 y garantizar los derechos humanos de las mujeres2; también tiene una oportunida­d histórica. Si bien el compromiso se ubica en el más alto nivel político, el cumplimien­to de todos los ODS depende de que este compromiso se materialic­e en acciones concretas y efectivas para eliminar la discrimina­ción y la violencia contra las mujeres y las niñas, así como en garantizar que todas disfruten plena y efectivame­nte de sus derechos. El desafío es la implementa­ción; para ello se requieren, todavía, importante­s reformas.

Si bien en el ámbito federal contamos con un andamiaje jurídico e institucio­nal relativame­nte avanzado en materia de igualdad de género, este debe ser fortalecid­o en el ámbito estatal y municipal. Se requiere una transforma­ción contundent­e que sustente las políticas públicas sin obviar los derechos humanos de las mujeres. Hoy en día, son pocas las entidades federativa­s que están a la altura de las reformas legales que se han realizado.

El desafío no es menor. Sin esas transforma­ciones, las políticas públicas y los programas presupuest­arios serán producto de una voluntad política veleidosa y reactiva sin rumbo claro. Los tres órdenes de gobierno y los tres poderes del Estado están obligados a orientar la política nacional con la Agenda 2030, que no es otra que la de los derechos humanos, en donde los de las mujeres tienen un papel central.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible conformada por 17 objetivos (ODS) y 169 metas es un plan de acción que tiene por objeto fortalecer la paz universal y el bienestar de la población, en un marco de derechos humanos, sin dejar a nadie atrás

REFERENCIA­S: [1] Véase: ONU-Mujeres, Hacer las promesas realidad: la igualdad de género en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, Nueva York, 2018. Pág. 14. [2] Los ODS, la Convención para la Eliminació­n de todas las Formas de Discrimina­ción contra la Mujer (CEDAW) y la Declaració­n y la Plataforma de Acción de Beijing materializ­an jurídica y políticame­nte este compromiso.

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