CARTA EDITORIAL
Una de las dificultades más trascendentes para lograr la igualdad entre mujeres y hombres es la tarea sistemática de contribuir al cambio de pensamiento en la sociedad frente a la desigualdad de las mujeres, tarea emprendida por el Instituto Nacional de las Mujeres.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, por primera vez, incluye la perspectiva de género como una estrategia transversal. Lo que, entre otras cosas, consiguió acuerdos con los gobiernos y las instituciones para desarrollar acciones y programas precisos en favor de la igualdad, así como una cruzada de reflexión y sensibilización de todas y todos los servidores públicos.
Un instrumento fundamental fue la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), que recoge la información referente a la violencia contra las mujeres en México, y que ha permitido difundir información y conocimiento sustentado. La encuesta es considerada de interés nacional.
Se promovieron las leyes de Igualdad y de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, que establecen tareas para cambiar actitudes; se estableció la coordinación en los tres niveles de gobierno para prevenir, sancionar y erradicar esta violencia, y principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia, favoreciendo los principios de igualdad y no discriminación.
Una tarea sustantiva fue coadyuvar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), identificar cómo los medios pueden contribuir al cambio de actitudes, promoviendo el conocimiento y la difusión, e informar desde una perspectiva de género. INMUJERES promovió en todo el país talleres, seminarios y encuentros para analizar el lenguaje incluyente y no sexista.
Por ello, la disminución de la violencia de género es un tema central de las tareas del Instituto, en el marco de las acciones en favor de la igualdad y la no discriminación. Sabemos que se trata del reto mayor y las acciones y políticas establecidas han creado un andamiaje institucional que empieza a dar sus frutos.
De la misma importancia han sido las acciones coordinadas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres; se instrumentó el programa integral donde el cambio cultural fue una meta, así como la creación de centros de justicia; se han consolidado los mecanismos institucionales de coordinación (2015-2016) para lograrlo.
Igualmente, para atender la violencia laboral y fomentar acciones de corresponsabilidad y conciliación entre la vida laboral, familiar y personal, se generó un amplio debate y hoy día se arraigó en la sociedad mexicana el conocimiento que hace rechazar la violencia de género.
En agosto de 2016, toda la Administración Pública Federal inició el proceso de certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, que obliga a prevenir el acoso y el hostigamiento en los centros laborales. Se firmó un acuerdo para que esa tarea se lleve a todos los centros de educación superior y las universidades.
Hasta junio de 2018, 28 de las 30 dependencias que conforman el gabinete legal y ampliado obtuvieron esa certificación y se desarrolló un protocolo de prevención. Aunque el camino es largo, se ha sembrado la semilla de la igualdad como garante de una sociedad informada y democrática.