ASEGURAR SUFICIENCIA DE RECURSOS PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO
GUILLAUME MICHEL
Como parte de la política de apertura al escrutinio internacional que México mantiene para el avance nacional, progresivo y sostenido, en materia de derechos humanos, y atendiendo a sus obligaciones derivadas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el Estado mexicano sustentó el 6 de julio su IX Informe ante el Comité creado por ese tratado internacional.
La sustentación ante el Comité CEDAW fue el resultado de un proceso integral para presentar ante este órgano de derechos humanos la información más relevante sobre las acciones que realizan las instituciones de los tres Poderes de la Unión, de los tres órdenes de gobierno, de los órganos desconcentrados y autónomos para combatir la discriminación y la desigualdad en contra de las mujeres. El hilo conductor fue la estrategia jurídico-normativa que existe en México en favor de la igualdad y en plena consonancia con nuestras convicciones y obligaciones internacionales.
El gobierno de nuestro país fue autocrítico acerca de los múltiples retos a los que se enfrenta y, además de la participación comprometida de las diversas instancias que lo componen, propició la retroalimentación de la sociedad civil y la academia en las distintas fases del proceso.
El Comité realizó observaciones que reconocen los avances de nuestro país para fortalecer el andamiaje jurídico y programático en favor de la igualdad y la no discriminación. En las elecciones de 2018, luego de las reformas legislativas correspondientes, un número sin precedentes de mujeres fueron electas a cargos de elección popular y se logró la paridad en el Congreso. Esto no fue solo resultado de la reforma normativa, sino también del cambio cultural y de una política nacional de igualdad.
No obstante, el Comité hizo énfasis en cuestiones muy serias y dolorosas que enfrenta nuestro país, problemas estructurales como la discriminación, el machismo y su expresión más perversa: la violencia de género.
La discriminación y la violencia de género laceran nuestras sociedades e impiden su máximo potencial de desarrollo. La más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (ENDIREH 2016) muestra estereotipos persistentes que supeditan a las mujeres al marco de lo doméstico, que se reflejan en la baja participación económica de las mujeres mexicanas, a pesar de las disposiciones legales en favor de la igualdad de oportunidades. Son graves también los obstáculos que las mujeres víctimas de violencia y sus familiares tienen que vencer para acceder a la justicia, a pesar de los mecanismos institucionales que existen para atender este problema.
El Comité CEDAW reconoció progresos en las áreas de salud, educación y empleo, pero hizo un énfasis específico en la pobreza y los sectores en situación de vulnerabilidad, como mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales, destacando la importancia de combatir la discriminación cuando está acentuada por más de un motivo: étnico, económico, de orientación sexual o identidad de género.
En 2015, la comunidad internacional se planteó como mapa de ruta la Agenda 2030, con lineamientos para asegurar que el desarrollo sea sostenible, incluyente y transformador. Para muchos países, incluido México, esto implicará eliminar las barreras persistentes de discriminación que provocan, entre otros, la desigualdad económica y social, así como la violencia de género.
Las recomendaciones de este Comité subrayan que debe asegurarse la suficiencia de recursos financieros, humanos y técnicos para lograr la igualdad de género.
A pesar de haber avances, son aún insuficientes y se requiere que las acciones, dependencias y programas en favor de la igualdad cuenten con personal, recursos financieros y técnicos para cumplir los objetivos para los que fueron creados. Una lección aprendida por México es que la atención a los problemas estructurales de derechos humanos requiere más que nunca de inversiones focalizadas, así como de la articulación entre el gobierno y la sociedad civil. Otra lección no menos importante es la necesidad de incorporar la perspectiva de género de manera transversal en todas las áreas de acción pública, para atender el impacto diferenciado que producen las políticas en hombres y mujeres.
El Comité hizo énfasis en cuestiones muy serias y dolorosas que enfrenta nuestro país, problemas estructurales como la discriminación, el machismo y la violencia de género