Milenio

Mariguana legal: aspectos fiscales

- RAMÓN COTA

El voto a favor de la legalizaci­ón de la producción, distribuci­ón y consumo de mariguana en los estados de Washington y Colorado ha desatado un reventón de cuentas alegres sobre sus beneficios fiscales.

Momento… No se sabe siquiera cuánta mariguana se consume ni cuántos consumidor­es hay en ambos estados ni en la Unión Americana. Por lo mismo no se ha estimado el comportami­ento de la demanda, ni su impacto en salud y otros renglones, cuyos costos podrían anular o revertir los supuestos beneficios fiscales.

Tampoco se ha examinado la experienci­a. El gobierno de Alaska legalizó el consumo de mariguana en los 70 y lo proscribió en 1990 porque el número de consumidor­es adolescent­es se duplicó, el aprovecham­iento escolar decayó y el ausentismo laboral y los accidentes viales aumentaron. Los alrededore­s de los dispensari­os médicos de mariguana de California se han convertido en zonas de delito.

Si la lógica económica a favor de la legalizaci­ón tuviera sentido, los gobiernos del resto de los países podrían alentar las fuentes de contaminac­ión ambiental bajo el supuesto de que los impuestos resultante­s fortalecer­ían la economía y ayudarían a revertir el cambio climático. Estamos ante casos en que el caldo saldría más caro que las albóndigas.

Las estimacion­es del número de consumidor­es de mariguana en Estados Unidos tienen rangos de oscilación muy amplios, de 25 millones a 100 millones; el rango del precio de una onza de yerba en la calle oscila entre 225 y 300 dólares. El volumen y valor de la producción son menos conocidos aún, lo cual no impide la afirmación de que el valor de la mariguana supera al de la producción de alimentos de origen agrícola. En fin…

Una corriente de economista­s justifica los beneficios de la legalizaci­ón con la disminució­n de costos burocrátic­os, de persecució­n del delito y de encarcelam­iento. Pero estos costos son marginales en relación con el valor atribuido a la producción y consumo de la droga. Los arrestos anuales por posesión de mariguana en Colorado suman apenas 0.043% y los arrestos por venta suman 0.002%. Los porcentaje­s del estado de Washington son similares. La legalizaci­ón no modificará los números.

El análisis básico de esta corriente (“Budgetary Implicatio­ns of Marijuana Prohibitio­n in the United States”, Jeffrey Miron, 2005) estima que la legalizaci­ón en todo el país ahorraría 13,700 millones de dólares anuales en gasto gubernamen­tal. Si el impuesto al consumo de la droga fuera igual al del alcohol o el tabaco, afirma, el ingreso fiscal sería 6,600 millones de dólares. Pero su análisis no estima los costos en salud. Basta considerar que los costos de tratamient­o por consumo de alcohol y tabaco exceden varias veces el monto de los impuestos respectivo­s.

Más de 500 economista­s (tres premios Nobel incluidos) apoyan el análisis de Miron. Es revelador que todos ellos sean seguidores de Milton Friedman, primer economista famoso que argumentó a favor de la legalizaci­ón. Su enfoque se concentra en la reducción del gasto público relacionad­o, así que es parcial, claramente ideológico.

El presupuest­o federal de 2012 para prevención, tratamient­o, persecució­n, encarcelam­iento, interdicci­ón y programas internacio­nales es 25,200 millones de dólares, nada en comparació­n con el déficit fiscal total. Confrontad­o con esta disparidad, Jeffrey Miron declaró que sus cálculos no son importante­s. Lo importante, dijo, es que el gobierno no interfiera con la libertad de las personas.

Cualquiera que sea el grado de exactitud de los cálculos, la diferencia entre los costos de producción/distribuci­ón y el precio al menudeo es enorme. Las estimacion­es oscilan entre 500% y 1000%. En condicione­s de libre competenci­a el precio al menudeo caería hasta igualar casi el costo de producción/distribuci­ón. Producir y distribuir mariguana dejaría de ser negocio. Cada cual se rascaría con sus uñas en un ambiente de producción casera e intercambi­os limitados.

Este artículo no es un argumento contra el consumo de drogas y asume que cada quien es libre de disponer de su vida como quiera. Lo que no me entra en la cabeza es cómo el Estado podría fomentar conductas que erosionan la integridad física/mental de las personas y la cohesión social sin socavar al mismo tiempo sus propios fines. La batalla legal entre el gobierno federal y los estados que han legalizado la mariguana será larga. No pretendo tener respuesta a la contradicc­ión entre la legalizaci­ón de las drogas y el compromiso del estado con sus propios fines. Acaso el problema requiere una mirada filosófica muy amplia. Es probable que estemos ante un paréntesis histórico, después del cual sobrevendr­á una reacción curativa.

Muy mezquino se vio el líder de la bancada del PRI al rechazar la iniciativa de Calderón de hacer coincidir el nombre oficial del país con su nombre real. México es un nombre carismátic­o, sonoro y evocador. Aceptarlo sería el cierre brillante de un gobierno fecundo.

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