Elbocinas debió estar en resguardo 96 horas
Un juez le concedió amparo únicamente contra actos de incomunicación y malos tratos, pero al mismo tiempo ordenó que el presunto criminal fuera puesto a disposición del MP
La suspensión provisional que otorgó un juez federal a favor de Crisóforo Maldonado Jiménez fue únicamente contra actos de incomunicación y malos tratos, pero al mismo tiempo el juzgador ordenó que el presunto criminal fuera puesto a disposición del Ministerio Público en Morelos y ser retenido de 48 a 96 horas para determinar su situación jurídica.
El juicio de amparo 1966/2012-III señala que el hombre ejecutado en Médica Sur alegó que autoridades judiciales habían realizado una orden de detención en su contra.
Aún así, el juez segundo de distrito en materia de amparo en Morelos, José Leovigildo Martínez, nunca ordenó su libertad, porque no tenía la certeza de la verdadera situación jurídica del presunto integrante de LosRojos.
Por el contrario, emplazó al MP que entregara informes en un plazo de 24 horas, a fin de establecer el cauce del juicio que promovió Roberto Camacho Gómez el 10 de diciembre pasado, unas horas después de que Maldonado fuera internado en el hospital del IMSS de Cuernavaca a consecuencia de dos heridas por arma de fuego. “Se concede la suspensión provisional del acto reclamado que se hace consistir en la detención del directo quejoso Crisóforo Maldonado Jiménez para el solo efecto de que quede a disposición de este juzgado federal, por lo que hace a su libertad personal en el lugar en el que se encuentre recluido en la inteligencia de que de estar a disposición de autoridad administrativa del Ministerio Público de inmediato deberá ser puesto a disposición de este a fin de que determine su libertad o retención”, señala.
El documento en poder de MILENIO advierte que el juez requería de manera urgente que la procuraduría estatal puntualizara si en efecto, Maldonado había sido detenido para continuar con el proceso.
Para ello le pidió que en 24 horas le entregara la carpeta de investigación o copias certificadas de la averiguación previa, en la que se estableciera la hora y fecha de la aprehensión y así definir si no habían vulnerado sus garantías constitucionales.
“Si la detención emana del agente del Ministerio Público prevéngase a dicha autoridad para que dentro del término de 24 horas remita copias certificadas de las constancias que integran la carpeta de investigación o la averiguación previa que se le instruye, para que este juzgado esté en condiciones de analizar si en el caso se acredita o no, la flagrancia o urgencia de la detención reclamada, así como las constancias que acrediten la fecha y hora de su detención”, puntualizan los resolutivos.
DISCREPANCIAS
Este juicio de amparo causó discrepancia entre el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y el Consejo de la Judicatura Federal, pues el perredista acusó al juez federal de beneficiar al presunto delincuente y entorpecer las diligencias que realizaba la procuraduría local.
Fue más allá al establecer que el impartidor de justicia obsequió la protección constitucional al líder delictivo con base en premisas falsas y apreciaciones subjetivas, además acusó que si Maldonado hubiera permanecido en el hospital del IMSS no hubiera sido ejecutado una semana después de haber sido trasladado a la Ciudad de México.
“Las autoridades ministeriales intentaron durante todo el día tomar la declaración de este sujeto (10 de diciembre) para que pasara de su calidad de víctima a lo que se establecía en la carpeta de investigación como indiciado, pero autoridades del hospital no lo permitieron”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.
El funcionario indicó que a las 21:50 horas del 10 de diciembre fue presentada la demanda de amparo y a las 2:00 horas del 11 de diciembre llegó la notificación a la procuraduría estatal. “(Estaba) firmado por la secretaria de Acuerdos, Blanca Fuentes Sánchez, y ordenó la suspensión de los actos reclamados al determinar conceder la suspensión provisional del acto reclamado para efecto de quedar a disposición del juzgado federal por lo que se refiere a su libertad en el lugar donde se encontrara recluido”, dijo Ramírez.
Sin embargo, la apreciación del gobernador fue parcial, pues aun cuando el juez otorgó la suspensión provisional, fue únicamente para proteger al detenido contra actos de tortura y malos tratos.
Incluso, advirtió de forma tácita que si Maldonado había sido detenido en flagrancia o por urgencia, el Ministerio Público tenía la obligación de definir la situación jurídica del presunto delincuente en un lapso de 48 a 96 horas según la gravedad del delito.
“(Si el Ministerio Público incumple con la información) este juzgado ordenará bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad omisa la inmediata libertad del directo quejoso (Maldonado Jiménez), y hará incurrir a la autoridad omisa en una corrección disciplinaria independientemente de la responsabilidad penal. “Asímismo, en el supuesto de que hubiese sido detenido en flagrancia o por urgencia se previene para que dentro del término de 48 o 96 horas, según sea el caso, a partir de su detención, lo ponga en libertad o sea consignado ante la autoridad judicial”.