A la lucha anticrimen, 47% más presupuesto
La flota de vehículos blindados de la PF, obsoleta; pide la compra de 40 “unidades especiales” Envían a 500 militares para resguardar el puerto de Acapulco por las fiestas decembrinas OPINIÓN Peña Nieto: ¿seguridad reactiva o preventiva? ALAN ARIAS MARÍN
Este 2013, el gobierno federal destinará más recursos al despliegue de las fuerzas federales para realizar operativos en el territorio nacional a fin de combatir el crimen y salvaguardar la seguridad del país.
Lo presupuestado para el próximo año en ese rubro en las secretarías de la Defensa y la Marina supera en tres mil 167 millones de pesos lo gastado por Felipe Calderón durante el último año de su gobierno. Esta cifra representa 47 por ciento de aumento a los recursos de los 17 programas vinculados a la seguridad, que en total asciende a seis mil 711 millones de pesos.
El otro aumento de recursos importante — cuatro mil millones de pesos— en la nueva política de seguridad va para la creación en la Secretaría de Gobernación de los programas de Prevención del Delito con un gasto proyectado de dos mil 500 millones de pesos y la Gendarmería Nacional con mil 500 millones.
En el caso de Seguridad Pública, la “implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito” muestra un decremento en los recursos solicitados para 2013 de mil 220 millones de pesos, pero a cambio se solicitaron mil 500 millones de pesos que se destinarán ahora para la Gendarmería Nacional.
De acuerdo con los programas presupuestarios planteados por el gobierno federal en su iniciativa de presupuesto, el de “la defensa de la integridad, la independencia y la soberanía del territorio nacional” a cargo de la Sedena, recibirá el próximo año mil 962 millones de pesos adicionales que en 2012. Mientras que la Marina dispondrá de mil 220 millones de pesos más que este año para “emplear el poder naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales”.
En general, entre los 17 programas establecidos en el proyecto de presupuesto 2013 directamente vinculados a la seguridad a cargo de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República se observan variaciones mínimas en los montos proyectados para 2012 y 2013, y solo el despliegue del Ejército y la Marina tiene aumentos sustanciales.
Debido a que el proyecto de presupuesto fue enviado antes de que se modificara en el Congreso la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el proyecto aún se mantiene el ramo 36 de seguridad pública, cuyas funciones absorberá Gobernación con la reforma.
De acuerdo con lo planteado por el gobierno federal en materia de seguridad pública, que estará a cargo de Gobernación, no habrá cambios sustantivos en los programas, pues se mantienen estrategias como la prevención y disuasión del delito, la Plataforma México y la operación del sistema penitenciario federal.
Los demás rubros presupuestales vinculados directamente a la seguridad son los subsidios para entidades federativas y municipios, así como para fortalecer las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, los servicios de inteligencia para la seguridad nacional, la operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, los programas de prevención del delito y participación ciudadana, los procedimientos del control de confianza y la ejecución de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Gobernación.
En la Defensa se encuentra el Programa de Seguridad Pública y en la PGR la investigación y persecución de delitos federales y relativos a la delincuencia organizada.
Un gasto que prácticamente se elimina del presupuesto en la seguridad es el pago de la cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los gobiernos estatales que en 2012 contó con un fondo de 767 millones de pesos y para 2013, aunque se mantiene enunciado en el resumen de los programas presupuestarios, solo se solicita un peso. Y es que con la construcción de siete nuevos penales federales, la Federación prevé que no haya más reos por delitos de fuero federal en los penales estatales, donde son recluidos los delincuentes del fuero común.