Peña Nieto: ¿seguridad reactiva o preventiva?
LA POLÍTICA de comunicación oficial ha variado sustancialmente en el sentido de no dar relevancia a hechos vinculados a los modos estratégicos de la administración pasada, como presumir la captura de supuestos capos de bandas
¿ Está el incipiente gobierno de Peña Nieto en la ruta hacia un replanteamiento serio y real de la política de seguridad? Los planteamientos conceptuales, las insinuaciones, las modificaciones institucionales macro, ¿revelan intenciones prácticas viables? ¿Basta un emplazamiento intensivo de reconquista- creación del Poder Ejecutivo y una adecuada política de comunicación social — como hemos visto en estas vertiginosas semanas— para avanzar hacia una redefi nición? El modo intensivo, preponderantemente político y mediático, ¿podrá prolongarse efectivamente en el mediano plazo y transitar a los planos instrumental y operativo?
Mientras tanto, en los hechos, la violencia intracriminal no parece menguar, los enfrentamientos, ajustes de cuentas y sangrientos motines carcelarios tampoco. Sin embargo, desde la retirada —decidida por Calderón en sus últimas semanas al mando— de casi la mitad de las tropas del Ejército y la Marina de las funciones en primera línea de combate al narco, el índice de enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales parece decrecer. ¿La retirada fue pactada, producto de la “aterciopelada” transición o reculamiento estruendoso ante las magnitudes del fracaso?
Conviene ponderar el hecho de que la política de comunicación oficial ha variado sustancialmente, en el sentido de no dar relevancia a hechos vinculados a los modos estratégicos de la administración pasada, como presumir la captura de supuestos capos de bandas, propagandizar enfrentamientos armados o decomisos de droga. Da la impresión de estar en operación una estrategia comunicativa empeñada en dar prioridad a los actos y gestos de poder político del gobierno, capitalizar el ambiente mediáticamente favorable (forzosamente transitorio) a México en los ámbitos fi nancieros y económicos y a no identificar y subsumir la imagen dominante del país a la cuestión del combate al crimen.
Lamentablemente, los datos duros de la estrategia fallida al crimen están ahí y habrán de consolidarse cuantitativamente y configurar interpretaciones respecto de su sentido; ello será decisivo para un diagnóstico cualitativo que redunde en una planeación más específica, primer aspecto de la estrategia presentada por Peña Nieto en el Consejo Nacional de Seguridad Pública; condición necesaria para detallar e instrumentar —además— políticas de prevención y coordinación debidamente evaluadas y —aspecto un tanto olvidado— con la debida transparencia y rendición de cuentas.
Peña Nieto y el PRI deben esclarecer su postura respecto la necesidad de controles múltiples y diferenciados respecto de los mandos y las operaciones policiales. Su resistencia al control legislativo puede y debe ser reconsiderado, con pertinencia constitucional, pero con ánimo moderno y adecuado al reto enorme de una construcción tardía y diferenciada de policías en condiciones graves de inseguridad y deficiencias en la procuración de justicia.
Los índices de delitos socialmente depredatorios que afectan directamente a la ciudadanía apuntan una tendencia al alza (obviamente, no reflejan lo sucedido en las últimas semanas). Los saldos del sexenio de Calderón son terribles. La extorsión creció un 40%, el secuestro 83%, el robo con violencia 65%, los robos en carretera 100%. Se habla de un universo de delitos denunciados de 10.6 millones de 2006 a 2011. El contexto de una hecatombe de los derechos humanos no se acota solo al aumento de quejas y recomendaciones (aún si son indicadores significativos), sino en las cifras brutales de 70 mil muertos, 9 mil de ellos sin identificar, la estimación de desaparecidos es de 25 mil (en la dictadura de Pinochet se calcularon poco más de 3 mil personas) y los desplazados atípicos (de dispersión familiar y/o individualizada y no de desplazamientos colectivos) probablemente en más de 100 mil. La impunidad asciende al 99% de los delitos denunciados, la cifra negra imponderable. Un drama nacional. Hay que enfrentarlo sin ambages.
Hay líneas de acción esbozadas, medidas pendientes y una reorganización ingente. Dos claves parecen asentarse en el discurso y en la práctica de las políticas de seguridad: el compromiso con los derechos humanos como propósito y fi nalidad del Estado y la prioridad de la prevención y la inteligencia más que una estrategia reactiva y de fuerza.
PS. Con avezado sentido de oportunidad mediática y política —contrapunto al emplazamiento de poder del gobierno—, el EZLN y sus bases han hecho una aparición de significados densos. Han roto el silencio con silencio. Presentes. El confl icto no está resuelto. Muestran pacíficamente su fuerza organizada. Perseveran en la memoria de su gesta y la denuncia de la injusta e inadmisible condición de la mayoría de los indígenas mexicanos. Un reto a la inteligencia y la capacidad gubernativa. A saber.