Martí y Wallace advierten de “vacíos y debilidades”
Pasa por encima de principios constitucionales y deja sin las herramientas financieras suficientes para la atención, afirman
Las organizaciones México SOS, que preside Alejandro Martí, y Alto al Secuestro, que dirige Isabel Miranda de Wallace, señalaron “diversas debilidades y vacíos” en la Ley General de Víctimas promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto.
Advirtieron que está en riesgo la viabilidad operativa de esa norma, que además se contrapone con principios constitucionales.
En un comunicado, México SOS sostuvo que la ley “no aprueba el control de constitucionalidad, ya que en diversas disposiciones se contrapone con principios constitucionales”.
Consideró que tampoco establece cómo deberán participar e incidir las organizaciones de la sociedad civil ni prevé un esquema en el que el Estado deba reparar el daño cometido por un particular, lo que implica que los contribuyentes tendrían que cubrir el daño causado por un delincuente.
Involucra, expuso, a entidades federativas que carecen de competencia en la atención a víctimas, mientras que prevé que la Comisión Ejecutiva, los grupos de víctimas o algún organismo público autónomo de protección a los derechos humanos tengan la facultad de llamar a comparecer a funcionarios públicos federales, estatales y municipales, aunque solo el Poder Legislativo tiene la facultad constitucional de hacerlo.
A través de Twitter, Alejandro Martí aseguró estar a favor de una Ley General de Víctimas, sin embargo, manifestó su desacuerdo con la promulgada ayer.
Expuso varios inconvenientes de la nueva norma, entre ellos que “la víctima pasa por una serie interminable de trámites que la revictimizan”.
Hay instituciones de atención a víctimas, pero no les han dado las herramientas jurídicas ni financieras para su óptimo funcionamiento, reprochó.
Insistió en que los contribuyentes pagarán las fechorías de los delincuentes, en tanto que solo se considera atender a víctimas en el ámbito del fuero federal y no a las del fuero común. “Se necesita homologar las leyes secundarias y reglamentos para que estén en concordancia con esta ley general”, tuiteó.
La organización Alto al Secuestro señaló que está en riesgo la viabilidad operativa de la ley de víctimas, además de que contrapone principios constitucionales. “Nos preocupa que además de que la ley es inconstitucional y se publica así, no cuente con recursos económicos para las víctimas. Se crea burocracia y provoca la revictimización. Por eso hacemos un llamado urgente a las cámaras a corregir esta ley y anticipamos que en breve estaremos presentando la nueva iniciativa”, refi rió en un comunicado.
También planteó que la ley “no responde a las necesidades de todas las víctimas y sus familiares”.
La asociación expresó su preocupación de que esa norma “no alcance a cumplir con los objetivos en materia de derechos humanos y, peor aún, que se publique a sabiendas de que es inviable”.
En entrevista con MILENIO Televisión, María Elena Morera, dirigente de Causa en Común, consideró que la Ley General de Víctimas está completa; sin embargo, debe haber precisiones para regular a quién y cómo se le paga.
Advirtió que de lo contrario, el gobierno no tendrá dinero para pagar todos los robos que ocurren a diario.
Puntualizó que como actualmente está, la ley se puede prestar a abusos por parte de cualquier ciudadano que puede exigir un pago fingiendo un secuestro, por ejemplo.