Sobre derechos y cultura indígena
La reaparición de Marcos y el EZLN en los últimos días pone sobre la mesa, de nuevo, la trascendencia del tema indígena en la agenda nacional. ¿Por qué es importante? Entre otras cosas, porque es una cuestión de justicia, de saldar una deuda histórica con el rezago, la discriminación y la pobreza extrema; una cuestión de reconocimiento efectivo de los derechos y cultura de nuestros pueblos indígenas, algunos ya consagrados en la Constitución.
Pero también porque en muchas partes del territorio el asunto se entrecruza con los temas estratégicos de la seguridad nacional: narcotráfico, zonas de riesgo, confl ictos agrarios y de límites, discriminación cultural, sobreexplotación de los recursos naturales, migración, en una palabra, gobernabilidad.
El punto es, cómo va a asumir el nuevo gobierno el tema indígena, qué importancia le va a dar a un asunto que tiene múltiples conexiones con las políticas públicas del sector social, pero que cruza de manera horizontal la agenda completa del quehacer gubernamental. No es tanto un tema de control de daños, sino de proyección asertiva hacia el futuro mediato e inmediato.
Recuérdese que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) surge en mayo de 2003 con la encomienda de dar respuesta integral a las demandas y a la problemática de los pueblos y comunidades indígenas, sobre la base de la superación de una historia acumulada bajo el indigenismo de la Revolución y en particular por Instituto Nacional Indigenista, a quien se le reprochaba unilateralismo y el propósito oculto de buscar “asimilar” la identidad indígena a la mestiza del mosaico nacional.
En el papel, y sobre la base de las lecciones y acuerdos
EL POTENCIAL y la representatividad de la CDI, o es ficticio, o no se ha puesto en
acto, porque este diseño fue pensado
para salir de una crisis política como la iniciada en 1994 y ésta ya no está
presente
provocados por la insurgencia zapatista del 94 y los diálogos subsecuentes de San Andrés, la CDI debía tener la mayor proyección y trascendencia, en tanto instancia de consulta obligada en materia indígena para el conjunto de la administración pública federal, así como de evaluación de los programas y acciones de gobierno y de capacitación de servidores públicos federales, estatales y municipales, para mejorar la atención a la población indígena.
Pero hoy es claro que faltó una visión integradora que fuera más allá de la aplicación apegada a la norma de los programas particulares y de los proyectos en las diversas zonas indígenas del país. No por falta de buenas intenciones, sino porque la problemática de los derechos y cultura indígena y sus implicaciones hay que reconocerla, respetarla y asumirla desde dentro, y esto no parece haber ocurrido, al menos en los últimos años.
En el papel, la CDI tiene una Junta de Gobierno cuyo titular es nombrado por el Presidente de la República y en la que participan las más importantes secretarías de Estado encabezadas por sus respectivos titulares (Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Economía; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; Salud, etcétera).
Igualmente, la CDI cuenta con un Consejo Consultivo donde formalmente están representantes de los pueblos indígenas, representantes de instituciones académicas y de investigación nacionales, especialistas en materia indígena; representantes de organizaciones sociales que trabajan con las comunidades indígenas; los integrantes de las mesas directivas de las comisiones de Asuntos Indígenas de ambas cámaras del Congreso de la Unión, y un representante por cada uno de los gobiernos de las entidades federativas en las que estén asentados pueblos y comunidades indígenas.
Sin embargo, tal potencial y representatividad, o es ficticio, o no se ha puesto en acto, porque este diseño fue pensado para salir de una crisis política como la iniciada en 1994 y, puesto que la crisis ya no está presente, tanto la institución como sus facultades han venido a menos. Así, la nueva estrategia gubernamental en materia de derechos y cultura indígena está en el aire. De ahí la importancia de la designación pendiente del titular de la CDI, que si bien no implica toda la política en el tema, sí representa una defi nición sobre la concepción y ruta que se buscará implementar en esta estratégica área política del gobierno federal.