Reformas contra el consumo de los ricos
En el foro México 2013 se ha sentido con claridad la urgencia de emprender ahora sí las reformas que requiere México, y aprovechar que partidos y Congreso están dispuestos a estudiar y analizar las iniciativas de ley que presente el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esa actitud de propiciar la negociación ha provocado entusiasmo en todos los sectores y hay que reconocerlo.
Coincido con José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, de que la reforma más urgente es la fiscal. Dijo: “Es la que da viabilidad a las demás. Hoy en México muy pocos pagan impuestos y muchos de los que pagan, pagan menos de lo que debieran. Esto tiene implicaciones no solo para el funcionamiento y el financiamiento del Estado, sino que explica también la falta de recursos para tener mejores esquemas de solidaridad social, la creciente polarización política y social”.
Sin duda será necesario tratar el tema del IVA y demostrar con peras y manzanas que la exención a alimentos y medicinas solo beneficia a los más ricos, que con este tipo de políticas, agravadas por las deducciones y los regímenes especiales en otros impuestos, han acelerado el problema de la desigualdad social. Es vergonzoso que el gobierno gaste más en subsidiar el consumo de energéticos, en especial el de la gasolina, que en los programas para combatir la pobreza, como apuntó Gurría.
Las cifras de la OCDE revelan lo grave de la desigualdad, al señalar que 10 por ciento más pobre de la población de México percibe alrededor de 1.3 por ciento del ingreso total, mientras que 10 por ciento más rico recibe casi 36 por ciento.
Gurría lo planteó ayer así: “La urgencia de las reformas se manifiesta en nuestro altísimo nivel de desigualdad y su lacerante impacto en la dignidad de nuestra gente, en la capacidad de crecimiento de la economía, en la cohesión social y la seguridad del país. La diferencia de ingresos entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre en el país es de 27 a 1 (en comparación con una relación de 9 a 1 en el promedio de la OCDE)”.
Desde esta perspectiva, la reforma fiscal no solo representa una garantía de mayores ingresos fiscales para el gobierno federal. Representa, sobre todo, una política estratégica para frenar la desigualdad con impuestos más altos al consumo de los ricos y evitar el enfrentamiento social; es cambiar las políticas reactivas por políticas públicas con sentido y miras al futuro que mejoren el nivel de vida de los mexicanos, que es una obligación de Estado.