La reforma y los debates que faltan
Ante la reforma educativa anunciada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y las reacciones y debates que ha generado, quedó claro que el cambio educativo será más difícil de lo que se pensaba. Y lo será porque existe una marcada complejidad en las políticas incluidas de la reforma. Veamos el caso de la profesionalización docente. La reforma educativa propuesta por Peña Nieto propone modificar el artículo tercero constitucional para establecer, a nivel nacional, las bases de creación de un servicio profesional docente que esté integrado por concursos de ingreso para los docentes y para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior.
Sin duda alguna, es un acierto del actual gobierno plantear un respaldo legal para un instrumento de política pública tan importante como el proceso de selección, ingreso y promoción de maestros. Modificar el marco jurídico de la política educativa es un paso necesario. Tratar de ofrecer educación de calidad con leyes creadas bajo el régimen autoritario y corporativo es una aberración. Sin embargo, aún faltan más debates que dar en este sentido. María de Ibarrola, investigadora educativa del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados (Cinvestav), ya ha apuntado la necesidad de pensar cómo se van a conciliar y adaptar los múltiples ordenamientos legales que norman las condiciones de trabajo de los maestros a partir de haber elevado a rango constitucional los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia de los docentes. Parece ser que los cambios legales tendrán que ocurrir más allá de la Constitución y de la LGE, ¿será el gobierno priísta lo suficientemente audaz para ir a fondo?
Sobre este punto, Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación en el Senado observó que la reforma propuesta por Peña Nieto es limitada, pues faltó incluir el tema de la “reordenación” de la relación laboral con el SNTE con el propósito de llevar al Apartado B de la Ley Federal de Trabajo la transparencia y rendición de cuentas (La Jornada, 19/12/12 nota de Becerril y Ballina). Si estos cambios ocurriesen, ¿escucharíamos un posicionamiento tan laudatorio como el que pronunció el profesor Juan Díaz, secretario general del SNTE, el 11 de diciembre? El profesor Díaz, a nombre del gremio, expresó su “reconocimiento al Presidente de la República” por haber salvaguardado los derechos de los trabajadores y “el compromiso” de promover la participación de todos los actores para lograr la reforma educativa. Parece ser entonces que la dirigencia sindical, ante la “reforma” educativa, no se siente tan excluida ni afectada en sus recursos de poder (plazas y cuotas). ¿Y las declaraciones envalentonadas que vimos de la maestra Elba Esther Gordillo en la prensa? Son pura comedia.
Pero regresando al punto sobre la ley, es importante decir que los marcos jurídicos son útiles para dar estabilidad a las políticas, como lo observó Pablo Latapí Sarre en su libro La SEP por Dentro (2004), pero también ahí, el destacado investigador confirmó que el avance de las políticas difiere notablemente aún cuando todas cuenten con un respaldo legal. En otras palabras, las leyes pueden “estructurar” las políticas (Sabatier) y otorgarles estabilidad, pero no son suficientes para imprimirles efectividad. Entonces, elevar a rango constitucional los concursos, no garantiza que efectivamente se asignen las plazas y que éstas sean para los más aptos. Actualmente, en algunos casos, no se ha respetado el orden de prelación y algunos profesores que han ganado el puesto por concurso, han recibido un interinato, no la plaza.
Un segundo aspecto que entorpece el avance educativo es la prevalencia de ciertas creencias y la sobre ideologización tanto como para defender la reforma como para cuestionarla. Es sintomático que en México se evada la argumentación y se recurra, en su lugar, a discursos comunes que poco ayudan a iluminar problemas como el de la falta de calidad educativa. Rubén Núñez, secretario general de la sección 22 del SNTE en Oaxaca, cuestiona la reforma porque piensa que la evaluación estandarizada responde a modelos extranjeros “donde se sitúa al tema educativo como un asunto cuantitativo” (La Jornada, 23/12/12 nota de Vélez y Pérez).
Por otra parte y en clara consonancia con algunos maestros disidentes, ciertos especialistas educativos creen que los “ganones” de la reforma son los empresarios pues asumen que los cambios propuestos por el gobierno priísta son una respuesta unívoca a las demandas de organizaciones pro empresariales como Mexicanos Primero. Esta postura, a mi juicio, es errónea. Primero, es muy difícil comprobar en una sociedad plural que un determinado grupo político puede, por sí solo, posicionar un determinado tema educativo. Segundo, si una organización influye en la conformación de la agenda educativa, bien haríamos los académicos en meditar qué ha hecho para lograrlo y tercero, suponer que una organización tiene la capacidad para definir la agenda educativa nacional es atribuirle más poder del que sus detractores desearían. Hasta donde recuerdo, la transparencia sindical, la rendición de cuentas, la evaluación, así como la necesidad de recuperar la rectoría del estado en materia educativa y la de contar con un mecanismo moderno de selección docente son temas que diversos actores han estudiado y posicionado desde antes de la creación de Mexicanos Primero.
En resumen, la reforma educativa de Peña Nieto busca cubrir vacíos que los distintos acuerdos políticos del pasado dejaron. Esto es positivo; no obstante, aun falta reflexionar sobre cómo el cambio en el marco jurídico — en caso de lograrse— podría imprimirle mayor efectividad a las políticas educativas. Esto implica, en consecuencia, erradicar el manejo clientelar que sigue haciendo el SNTE no sólo de las plazas, sino de todas las condiciones de trabajo de los maestros. Asimismo, es importante pensar de qué manera los actores no gubernamentales estamos dando en el blanco del problema con nuestras críticas y acciones.