Reforma financiera
Se ha dicho que se busca más crédito y más barato. La frase se entiende, pero está mal dicha. Sería más barato algo que ya fuera barato, pero el crédito en nuestro país es lo más caro que existe. El problema es mayúsculo porque un país con un financiamiento inaccesible para la mayor parte de la economía no expresa escasez de ahorro, sino una canalización inadecuada del mismo, lo cual, a su vez, detiene el crecimiento.
Grandes sumas de dinero son manejadas por la banca comercial y se usan por esta misma en bonos de deuda. El gobierno le vende a esa banca sus emisiones, ésta las compra con dinero que el gobierno tiene en depósito en los bancos que son usados como tesorería y así tenemos un negocio redondo por el cual los banqueros obtienen réditos del Estado con dinero del Estado.
Los grandes bancos reciben decenas de millones de pesos al año procedentes de los intereses de los bonos IPAB (antes Fobaproa), que deben andar en una tasa de Cetes más dos puntos, los cuales fueron regalados por el gobierno de Zedillo para solventar sus quebrantos cuando la gran crisis del llamado error dediciembre produjo una devaluación y una revolución de las tasas de interés. La chatarra fi nanciera que compró el gobierno federal llegó a cien mil millones de dólares. Los grandes bancos actuales que pudieron sobrevivir la crisis se beneficiaron como ningún banco rescatado en el mundo y, encima de todo, fueron vendidos a grupos extranjeros con todo y los bonos del rescate.
Una banca rescatada —sigue en ese estado, pues los bonos están en su poder y devengando intereses— anclada en la especulación en lugar de canalizar recursos hacia la inversión es una banca usurera como la llamó Zambrano en el acto de presentación de las iniciativas de reformas.
Pero esa banca es también agiotista. Cobra a sus clientes los más altos intereses del mundo, en especial en el crédito al consumo, pero también en los préstamos hipotecarios y de otro tipo, además de imponer altísimas comisiones. Encima de todo, esa misma banca controla la mayor parte del gran negocio de las Afores, que es un robo en despoblado, además del hecho de que es un sistema fallido que no garantizará para la mayoría de los cotizantes ni siquiera la pensión mínima, por lo cual el Estado tendrá que hacer aportaciones.
El proyecto de reformas financieras contiene nuevos mecanismos de control pero no se sabe cuándo el Banco de México va a hacer uso de sus facultades para poner límites a las tasas bancarias de interés. Si la política del banco central sigue igual que siempre, la banca comercial no va a modificar esa conducta de jineteros de dinero que tanto ha hecho daño a la economía nacional.
Pero quizá la ausencia mayor del proyecto es que no se acaba con un sistema de ahorro para el retiro que ha desperdiciado centenares de miles de millones que no se han destinado a proyectos productivos, sino a la especulación y al rentismo más elemental y parasitario.
La economía no puede crecer sin una disposición de capital-dinero suficiente para dar cauce a nuevas inversiones que son las únicas que pueden en verdad crear empleo. Entonces, el gobierno debe impulsar un nuevo esquema de banca social que acerque a cualquiera al crédito barato para la producción, el comercio y los servicios, sin esperar sólo a que los banqueros vayan aceptando los reclamos y reaccionando ante las reformas que van a llegar. Esto sólo lo puede hacer el Estado aunque lo acusen de invadir zonas privilegiadas de la iniciativa privada, la cual, por lo demás, es mayoritariamente extranjera, pues los capitanes de casi todos los seis grandes bancos no son más que operadores y socios minúsculos de grupos estadunidenses, españoles, británicos y canadienses. m