Informe de cuatro meses de la PGR Con Peña Nieto ya van 241 arraigados
Delincuencia organizada, secuestro y lavado, los ilícitos de mayor incidencia
Aun cuando el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha criticado el “abuso” del arraigo durante el sexenio anterior y ha considerado que es “violatorio” de los derechos humanos, continúa con esta práctica en investigaciones contra presuntos delincuentes.
En los primeros cuatro meses de la administración federal, 241 personas han sido sometidas a esta medida judicial, según un informe de la Procuraduría General de la República (PGR) obtenido a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La PGR negó detalles sobre cada caso en los que ha solicitado órdenes de arraigo a juzgados federales. Sin embargo, dio a conocer que “de manera general” los “ilícitos de mayor incidencia” que han ameritado la detención de personas para perfeccionar las investigaciones son por delincuencia organizada, secuestro, lavado de dinero, delitos contra la salud (narcotráfico), violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como tráfico de indocumentados.
Otras peticiones de arraigo del 1 de diciembre de 2012 al 1 de abril de 2013, según la respuesta de la PGR, han sido por posesión de Sujetos armados con machetes atacaron a un grupo de excursionistas que acampaban en la zona conocida como El Diente, en Zapopan. Cuatro jóvenes fueron plagiados y se les localizó después. Otros cuatro resultaron lesionados, tres de ellos son reportados como delicados. Elementos de la Policía Montada peinaron la zona, pero no dieron con los agresores. vehículo robado en el extranjero, robo equiparable y posesión de vehículo robado, que se encuentran previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Pese a la opacidad de la PGR en relación a la solicitud de información, la dependencia dio a conocer que le han sido negadas 86 órdenes de arraigo, pues los jueces consideraron que no tenían sustento.
Inclusive, indicó que seis per- sonas que fueron privadas de su libertad con argumento de ley quedaron finalmente en libertad al no comprobarse su presunta culpabilidad.
De las 241 que fueron some- tidas al arraigo en los primeros cuatro meses de la administración peñista, la mayoría fueron retenidas a petición del Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO).
Únicamente 16 arraigos fueron concedidos a través de la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo.
En diciembre de 2012, el procurador Jesús Murillo Karam se manifestó por desaparecer de manera paulatina esa medida cautelar, la cual ha privado de la libertad a presuntos culpables e inocentes.
Entonces, al encabezar la ceremonia del Día Internacional de los Derechos Humanos, dijo que, al igual que el arraigo, es necesario que la PGR se deshaga de otras medidas cautelares que utiliza para integrar sus investigaciones.
Para lograrlo, explicó, es necesario que se dote a la dependencia de instrumentos necesarios para cumplir su tarea, así como de personal con “talento”.
También señaló en otros foros que durante el sexenio de Felipe Calderón se abusó del arraigo, al grado de crear un “efecto perverso” de esa figura jurídica.
De acuerdo con datos oficiales publicados por MILENIO en abril pasado, la PGR arraigó a 6 mil 933 personas durante el gobierno de Felipe Calderón, a las que señaló de presuntamente guardar relación con el crimen organizado.
Al asumir Peña Nieto la Presidencia, el procurador Murillo Karam informó que encontró, tan solo en dos años, que la institución arraigó a 4 mil personas, pero solo consignó a 200, es decir, 3 mil 800 recuperaron su libertad.