PRESENTACIÓN DE INFORME
López Ayllón resaltó la importancia de corregir las injusticias palpables sin tener que esperar al diseño institucional perfecto. “Le proponemos al Presidente de la República que convoque a una instancia nacional de diálogo y concertación que diseñe, proponga y evalúe los resultados encaminados a esos objetivos”, agregó.
El especialista explicó que el documento cuenta con 217 propuestas que constituyen más un programa de acción de largo aliento que puede servir de base para elaborar una política pública nacional de acceso a la justicia.
Indicó que se identificaron cuatro temas prioritarios: la creación de centros de asistencia jurídica temprana, que podrían evolucionar a constituir una defensoría pública y vigorosa; regular el ejercicio y la responsabilidad profesional de los abogados, revisar la operación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y diseñar un nuevo modelo de justicia familiar.
Señaló que ésta es la gran agenda pendiente de nuestra democracia constitucional “y de la que depende en parte su vigencia. Es la base sin la cual los grandes problemas nacionales no podrían encontrar su solución”.
Agregó que sus recomendaciones se complementan con otras acciones precisas: competencia plena del titular del Ejecutivo federal y otras seis que implican esfuerzos conjuntos de los gobiernos estatales y la Federación.
“REFORMAS INCOMPLETAS”
Antes, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pedro Salazar, dijo que el principal problema de las reformas estructurales es que “no están completas” y les falta la pieza fundamental: “Hacer realidad lo que llamamos justicia cotidiana. “Debemos entender a las propuestas como un conjunto armónico y no como un abanico de iniciativas aisladas. Lo que México necesita es una verdadera política de Estado, integral, coherente, para sortear una profunda crisis de injusticia social, una crisis que es real, estructural y general”, manifestó.
Señaló que éste tema es tan complejo y variado en los diferentes contextos en los que viven los mexicanos, “que solo mediante una política integral será posible superar la situación en la que nos encontramos”.
El investigador consideró que “los derechos no pueden seguir siendo promesas ni fórmulas retóricas, y para convertirse en realidad, dependen de decisiones y acciones políticas concretas”. M