Pospone SCJN resolución sobre indígenas violadas
Piden ministros incluir medidas para garantizar equidad de género
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó su resolución del caso de las dos indígenas guerrerenses que fueron violadas en 2002 por elementos del Ejército, asunto que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunciarse contra el Estado mexicano.
La mayoría de los ministros pidió a su homólogo Alberto Pérez Dayán incluir en su proyecto de sentencia las medidas que deben seguirse para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, la equidad de género y la atención de casos de violación.
Pérez Dayán solo mencionaba en su proyecto las tesis que, sobre estos temas, se han aprobado ya en salas y el pleno de la Corte.
Los ministros señalaron que el mandato de la Corte Interamericana era específico y pidieron al ministro ponente que pusiera en “blanco y negro” las medidas para que México cumpla con los requisitos mínimos para garantizar justicia en todos los casos similares.
El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dijo que es importante incorporar la doctrina de la Corte Interamericana, porque en cada sentencia va incorporando toda su doctrina. “Por el otro lado, también me parece que son muy importantes los criterios de la primera sala que se han establecido en términos de tortura, en términos de perspectiva de género”, agregó.
Este asunto llegó a la Corte porque el 16 de febrero de 2002 Valentina Rosendo Cantú, perteneciente a la comunidad indígena Me’phaa, originaria de Caxitepec, Guerrero, fue interrogada, golpeada y violada por militares cuando se encontraba en un arroyo cercano a su domicilio.
El 22 de marzo de ese año, en Barranca de Tecoani, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, Inés Fernández Ortega, quien pertenece a la misma comunidad indígena, fue violada por otros militares que ingresaron sin su permiso a su domicilio.
Ambas víctimas presentaron una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero, así como una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia de esa entidad.
Debido a las irregularidades atribuidas a las autoridades, consistentes en la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables, el 14 de junio de 2004, Inés junto con la Organización Indígena de Pueblos Tlapanecos y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, presentaron una queja ante la Comisión Interamericana la que, en su momento, sometió a la consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado mexicano.
En su resolución, pronunciada el 30 de agosto de 2010, la CIDH determinó que la promovente había sido víctima de violencia sexual por parte de agentes del Estado, lo que le implicó sufrimiento físico y mental severo. m