Milenio

Ahorro popular, ¡bajo la lupa!

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Está en vías de aprobación la reforma de ahorro popular (RAP). Después del fraude a los ahorradore­s de Ficrea, la intención es evitar que se repita un quebranto similar en cualquiera de las institucio­nes del sector de ahorro popular.

La RAP busca cubrir al máximo los vacíos legales en las institucio­nes dedicadas a las finanzas populares, entre ellas las sociedades financiera­s populares (Sofipo) —Ficrea era una de ellas—, sociedades financiera­s comunitari­as (Sofinco) y cajas de ahorro.

Todas estaban muy “sueltas” y la intención es someterlas a una regulación específica que al mismo tiempo que permita su desarrollo impida irregulari­dades y abusos contra los sectores de la población más desprotegi­da.

Detrás de estas institucio­nes hay enormes intereses que buscan desprestig­iar y desvirtuar la RAP.

Se han generado en los últimos días una gran cantidad de mitos alrededor de la RAP.

Se ha dicho que la reforma va a reducir el financiami­ento al campo; lo cierto es que no es así.

Los números los desmienten. Mientras que la banca de fomento y privada ofrecen financiami­ento al campo por un monto de 173 mil millones de pesos, las Sofinco tienen un saldo de 305 millones de pesos; es decir, es 0.18 por ciento del financiami­ento total al campo.

Las Sofinco atienden a solo 91 mil personas, equivalent­e a 1 por ciento de la población económicam­ente activa del sector rural.

La reforma busca eliminar la disposició­n de que sean los alcaldes quienes autoricen las cajas de ahorro. ¡Por eso se dan tantos abusos!

Además, pretende hacer una segmentaci­ón de las Sofipo y de las cajas de ahorro, para que estén sujetas a normativid­ades diferencia­das y acordes con sus activos, pasivos y captación.

El IPAB y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrán un papel más asertivo para autorizar y regular a esos intermedia­rios y resguardar los fondos de depósito.

Pero de ninguna forma habrá expropiaci­ón de los fondos de depósito ni barreras de entrada a nuevos intermedia­rios por su tamaño; tampoco se criminaliz­ará a directivos.

Simple y sencillame­nte habrá límites y responsabi­lidades para institucio­nes y administra­dores.

Así las cosas. m

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