Las elecciones y la ley
Aunas horas de la jornada electoral del 7 de junio se ha registrado la quema de boletas electorales, vidrios rotos y ataques en instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE). En el contexto en el cual se desarrollará la elección del próximo domingo y ante las acciones puestas en práctica para boicotear dicha jornada electoral por parte de grupos opuestos a la reforma educativa, deben considerarse varios aspectos.
El ejercicio del voto es un derecho y una obligación de los ciudadanos. No debe olvidarse que cada elección representa una oportunidad irrepetible para decidir sobre nuestro futuro. Votar significa fortalecer la democracia y participar en la definición de asuntos que afectan nuestra vida cotidiana.
Las autoridades, en sus diversos ámbitos y niveles, deben garantizar el ejercicio pleno de este derecho. Necesitamos que los titulares de las dependencias públicas en todos los niveles cumplan con sus funciones institucionales de salvaguardar el ejercicio libre del voto.
La libre expresión de las ideas y las manifestaciones públicas de éstas están salvaguardadas por nuestra Constitución y nuestras leyes. El ejercicio de estos derechos debe hacerse de manera responsable por parte de la autoridad y por parte de quienes los exigen.
La confrontación, la violencia, los daños y la destrucción de instalaciones públicas o bienes privados dañan la convivencia social, afectan la gobernabilidad democrática y entorpecen la solución de los conflictos.
Las circunstancias, formas y tiempos en los que se produjo la suspensión por tiempo indefinido del proceso de evaluación de la educación básica ponen en riesgo la reforma educativa y constituyen un grave error de cálculo del gobierno federal, porque debilitan gravemente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y, prácticamente, obligan a su actual titular a presentar su renuncia.
Repentinamente, la reforma social más significativa de la actual Legislatura y de la primera mitad de este gobierno pretende anularse de manera unilateral y sin justificación que la sustente. La SEP y el gobierno federal deben explicar a la sociedad esta suspensión, reconsiderar su decisión y seguir adelante con el calendario de la reforma educativa.
No debe permitirse que la educación se convierta en rehén de disputas políticas y acuerdos entre grupos que han encontrado en la protesta social una forma de subsistencia política y económica.
Es el momento de hacer un llamado al gobierno federal y a los gobiernos de los estados a que, a través del diálogo y la aplicación de la ley, garanticen que la jornada electoral del próximo domingo se realice con normalidad.
Llamo al gobierno federal, a los gobernadores de Oaxaca, Michoacán y Guerrero a que las negociaciones y acuerdos que establezcan con las organizaciones y grupos inconformes sean transparentes. La sociedad tiene derecho a conocer los términos de la negociación del gobierno con los inconformes. En un régimen democrático, cualquier negociación del gobierno con grupos de la sociedad debe ser pública.
Exijo que las infracciones cometidas a la ley hasta este momento y posteriores, que afecten al proceso electoral, sean sancionadas y no pasen a formar parte del cúmulo de hechos impunes. Las elecciones no pueden ser un tiempo donde todo se puede y todo se vale.
Llamo a todas y todos los ciudadanos a votar el 7 de junio. Se trata de un derecho y de una obligación cívica indeclinable. m