Avala Corte juicio contra juez del michoacanazo
Pide al gobierno de Sinaloa cumplir el amparo en favor de defensora de derechos humanos, quien fue hostigada y detenida arbitrariamente
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que un juez federal continúe con el proceso penal que se inició en 2013 contra el ex juzgador Efraín Cázares López, quien liberó a todos los implicados en el caso denominado michoacanazo.
Por unanimidad, la Sala determinó que el juez primero de distrito en Morelia, quien hoy ocupa el cargo que antes tuvo Cázares, siga con el juicio iniciado por el probable delito contra la administración de justicia.
La Procuraduría General de la República (PGR) acusó a Efraín Cázares de resolver de manera ilícita más de 37 procesos penales, entre ellos el de 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios (los entonces procurador y secretario de Seguridad Pública de Michoacán) y un juez estatal, que fueron detenidos en mayo de 2009.
Además, lo señaló por facilitar la huida del ex diputado federal Julio César Godoy Toscano, a quien le concedió una suspensión para evitar ser detenido y actualmente continúa prófugo.
Los liberados y el evadido de la justicia supuestamente protegían al líder del cártel de La familia michoacana y también fundador de Loscaballerostemplarios, Nazario Moreno González, ElChayo, y al sucesor de éste, Servando Gómez Martínez, LaTuta, entre otros.
La liberación de los implicados provocó un enfrentamiento entre la PGR y el Poder Judicial de la Federación, porque tras ser destituido Cázares como juez, en octubre de 2012, la dependencia solicitó la aprehensión de dos jueces federales y dos secretarios a quienes responsabilizó de negar órdenes de aprehensión contra el ex juzgador.
Días después, el entonces presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, advirtió que no vacilarían en defender a los jueces que fueran perseguidos o presionados por hacer su trabajo con apego a la ley.
El asunto llegó a la Corte, porque Efraín Cázares se amparó alegando que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no dio autorización para procesarlo penalmente.
Sin embargo, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea propuso a sus homólogos que no era necesaria la intervención del consejo para que el juicio siguiera su curso.
Efraín Cázares fue destituido como juez federal el 24 de octubre de 2012. Sin embargo, el delito por el que está acusado el ex juzgador no es grave, por lo que el proceso penal lo puede enfrentar en libertad.
EL CASO BARRAZA
Además, la Primera Sala dio una oportunidad al gobierno de Sinaloa para que acate una sentencia de amparo que lleva dos años sin cumplirse, y que resultó favorable para la defensora de derechos humanos en esa entidad, Alma Angélica Barraza Gómez.
La mujer ha sido víctima de hostigamientos y detenciones arbitrarias por parte de autoridades estatales, además de que se le ha despojado de pertenencias a partir de que comenzó a defender los derechos de los comuneros de la Presa Picachos.
El asunto cobró relevancia porque relatores de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por el hostigamiento contra Barraza.
La decisión de la Sala de dar oportunidad al gobierno de Sinaloa para acatar el fallo judicial y regresar el asunto a un tribunal para que resuelva el caso molestó a Barraza, quien buscó entrevistarse con el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, sin conseguirlo.
El enojo e insistencia de la mujer propició que policías y el jefe de seguridad de la Corte estuvieran presentes en las oficinas del ministro para evitar incidentes.
En entrevista, Barraza Gómez dijo que la resolución de la Primera Sala fue “tibia”. “Estuvimos secuestrados el 10 de febrero de 2013, en los separos de la Policía Ministerial por órdenes del gobernador Mario López Valdez, el secretario y el procurador (estatal)... “A raíz de ello, a mí me agredieron y me ocasionaron esguince cervical, yo me querellé contra ellos… se les ordenó (por parte de la autoridad judicial) muchas veces que integraran la averiguación previa, y han hecho caso omiso tanto a lo ordenado por el juez de primera instancia como por el tribunal colegiado”, explicó.
La resolución de la Sala, abundó, no garantiza el estado de derecho, ni que se acabe con la impunidad. “Si la Suprema Corte de Justicia que es el máximo tribunal del país actúa con tanta tibieza y tanta sutileza para aplicar la ley en contra de funcionarios corruptos, creo que los defensores de derechos humanos en México sí estamos completamente desprotegidos”, puntualizó. m
El caso de la activista captó el interés de relatores de la ONU y otras organizaciones