LOS SONIDOS DEL SILENCIO
El anuncio de la suspensión desató una serie de dudas en la opinión pública
La decisión de la SEP de “suspender indefinidamente” la aplicación del examen de evaluación docente levantó un revuelo inusual entre intelectuales, organizaciones empresariales y civiles, entre segmentos del profesorado nacional, entre las filas del oficialismo y de los partidos políticos de oposición. Es un revuelo que concentró en unos cuantos días molestia, críticas, confusión, desconcierto, indignación moral. Se puede afirmar incluso que el famoso síndrome de Los Tecolines (“ansiedad, angustia y desesperación”) se adueño durante días de algunas zonas del ánimo público. El propio INEE exigió en un comunicado público la realización del examen, y acusó de “ilegal” la suspensión del mismo. La decisión, anunciada el viernes 29 de mayo, resultó sorpresiva, confusa y descompuesta, sin que la SEP pudiera proporcionar más elementos a la opinión pública que la vaguedad de la frase “nuevos elementos a conside- rar” para la aplicación del examen. En el contexto de la insurgencia magisterial representada por la CNTE, las protestas por los desaparecidos de Ayotzinapa, las exigencias de detener la reforma educativa peñanietista, y el desarrollo de procesos electorales federales y estatales en nueve entidades de la república, el panorama político se enrareció rápidamente. En medio de la polvareda y los gritos, el silencio de la SEP era estruendoso. Hasta el día de las elecciones, el 7 de junio, no se había realizado ningún pronunciamiento oficial al respecto, fuera de una evasiva declaración banquetera del propio Presidente a algunos medios, afirmando que “pronto” la SEP daría una explicación al respecto, y que la reforma “continuaría”.
¿Qué sucedió? La pedacería dispersa de la coyuntura sugiere muchas sospechas, hipótesis y especulaciones frente a los acontecimientos y hechos. El sociólogo noruego Jon Elster ha insistido en sus numerosos estudios sobre la racionalidad en las ciencias sociales, que es necesario distinguir entre acontecimientos y hechos. Los primeros son el registro del momento, el fenómeno visible, lo que se puede observar en la coyuntura. Sin embargo, lo que no es evidente son los hechos que provocan el acontecimiento, los “datos” que pueden articular alguna explicación posible al complicado curso de los acontecimientos. Desde esta perspectiva, pueden arriesgarse cuatro tesis para la interpretación del acontecimiento y los hechos que probablemente lo explican.
Fue una decisión sorpresiva, inoportuna y desafortunada. La maquinaria de la reforma educativa iniciada en 2013 apuntaba claramente a colocar en el centro el Servicio Profesional Docente como el núcleo duro de la reforma educativa peñanietista. En especial, con la creación del INEE, y su autonomía institucional, la evaluación docente se convirtió en la pieza clave para la asignación de plazas a profesores, directivos y supervisores de las escuelas de educación básica, bajo el supuesto de que ése es el eje vertebral del funcionamiento del sistema. Más allá de las críticas académicas, políticas o sindicales a las propias reformas, en especial a la evaluación docente, el gobierno federal había logrado imponer no solamente un tema clave de su agenda de reformas, sino que ya había aplicado con antelación el examen docente sin mayores contratiempos. Sólo en algunos casos (Oaxaca, Guerrero), con fuerte presencia de la CNTE, la SEP no pudo implementar el ejercicio.
Los costos de la decisión superan a sus beneficios. Si la suspensión del examen obedeció a una lectura oficial de ausencia de condiciones adecuadas para su aplicación, se podría suponer razonablemente que había un ejercicio mínimo del cálculo de costos y beneficios políticos de la acción federal. Sin embargo, a la vista de los acontecimientos, un par de hechos parecen gravitar en la racionalidad de la decisión. Primero, el peso político de la movilización de la CNTE y sus aliados. Segundo, la debilidad del gobierno federal para garantizar el cumplimiento de la ley y la aplicación del
examen. El re- sultado es un típico efecto no deseado de la decisión gubernamental: desconcierto, confusión, imagen de inconsistencia y contradicción por parte de la propia SEP. En otras palabras, los costos superaron a los beneficios de la decisión.
Proporcionó combustible gratuito a los enemigos de la reforma educativa. Paradójicamente, la CNTE interpretó en esta decisión una victoria clave en sus estrategias de lucha y bloqueo a las reforma educativa peñanietista. Entre los críticos de la CNTE, la lectura fue una derrota de la SEP, una claudicación de sus facultades y atribuciones, una acción ilegal. Como señaló aquí mismo la semana pasada Roberto Rodríguez (“La SEP ¿cede, concede o recapacita?”, Campus 610, 04/06/2015), la decisión de posponer la aplicación del examen fue un movimiento que suscitó más críticas que apoyos. Hasta donde se alcanza a ver, no hubo una sola voz fuera del círculo oficial que apoyara la suspensión del examen. La SEP quedó aislada, solitaria y criticada por la decisión.
Debilita la autoridad del Estado. En cualquier caso, la decisión de coyuntura refleja una debilidad estructural: la debilidad del Estado. Contra la retórica de firmeza del inicio del sexenio, de devolver la autoridad del Estado en materia educativa, que se plasmó en el Pacto por México, y que llevó a la cárcel a la ex dirigente del SNTE, a realinear y subordinar al SNTE a las reformas, y sacar adelante la reforma educativa en el congreso federal y en la prácticamente en todos los congresos estatales, el lenguaje de la “suspensión indefinida” muestra la imagen de una autoridad débil, claudicante, confundida.
Quizá la decisión fue un acto de prudencia gubernamental más que de temor oficial, una acción con visión republicana que los mortales no alcanzamos a ver ni a aquilatar debidamente. Sin embargo, el acontecimiento deja como rastro de coyuntura un déficit argumentativo y político que erosiona la legitimidad de la propia reforma educativa. Una decisión del tamaño e impacto de la suspensión no puede durar demasiado tiempo sin explicaciones sobre su lógica y sentido. Y los sonidos del silencio, en términos de política y de política pública, nunca son los mejores aliados para disipar la sombra de dudas que el propio oficialismo se encargó de expandir en el ánimo público en muy pocos días.
Post-scriptum: Luego de enviado este texto a Campus, el lunes 8 de junio, el Secretario Chuayfett declaró que el examen se realizaría del 20 al 22 de junio. También afirmó que la “suspensión indefinida” se debió a causas de carácter “técnico” (faltaban computadoras) y “político” ( periodo electoral). La pregunta obvia está inspirada en un clásico: ¿ pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema?
“Una decisión del tamaño e impacto de la suspensión no puede durar demasiado tiempo sin explicaciones sobre su lógica y sentido”