“Economía sólida, pero corroída por corrupción”
En pleno crecimiento y dotada de una moneda fuerte, la economía guatemalteca es una de las más sólidas de América Central, pero el país está corroído por la corrupción, que tiene un costo considerable para el fisco. “La economía guatemalteca presenta un crecimiento muy estable, de 3%a 4% anual, en estos últimos años”, observó Francisco de Paula Gutiérrez, profesor de la escuela de comercio Incae, en Costa Rica.
A sus principales socios comerciales —Estados Unidos y sus vecinos de América Central— el país exporta “café, bananas, azúcar, productos textiles”, afirmó este docente que subraya la solidez de la moneda local, el quetzal, en un contexto en el que la mayor parte de las divisas latinoamericanas se han depreciado fuertemente.
El país “cuenta con cuatro motores: el sector financiero, las telecomunicaciones, la energía y las industrias extractivas, como la minería y el petróleo”, señaló.
Pero también se registra una debilidad de los ingresos fiscales, como afirmó Mynor Cabrera, de la Fundación Económica para el Desarrollo (Fedes), al asegurar que el país “carece de capacidad, en términos de ingresos fiscales, para contar con servicios públicos de calidad”.
Otto Pérez renunció a la presidencia por un escándalo de corrupción, luego de que el parlamento lo despojara de sus fueros tras ser acusado de dirigir una red que exoneraba de impuestos a cambio de sobornos, y de que un juez emitiera el miércoles una orden de arresto para que sea indagado por la justicia. “La corrupción ha devorado al Estado”, resumió Manfredo Marroquín, director de la organización civil Acción Ciudadana, rama local de la organización anticorrupción Transparencia Internacional.
“Casi todos los servicios públicos se desplomaron”, dijo, y citó el ejemplo de los hospitales, “en donde se pide a las familias de los pacientes que compren algodón, tijeras, porque el personal está, pero no hay ningún material, ni siquiera el más básico”.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) calculó junto con la asociación civil Oxfam el costo que la corrupción supone para las arcas del Estado, y que representa “cuatro veces el presupuesto actual del Ministerio Público, encargado de luchar contra ella”.