Discuten controversias por reforma educativa
La sagradafamilia: CNTE, radicales, guerrilla... Legado del Colmex
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará esta semana la discusión de las controversias constitucionales que promovió el presidente Enrique Peña Nieto contra las entidades que aprobaron leyes que no guardan armonía con la reforma constitucional en materia educativa.
El pleno de la Corte comenzará con el estudio de los proyectos de la ministra Margarita Luna Ramos, quien analizó las controversias que el titular del Poder Ejecutivo Federal impulsó contra Baja California y Zacatecas, porque pusieron en marcha estatutos que contravienen la Carta Magna y las leyes generales respectivas.
El 1 de mayo de 2014, el consejero jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos Cervantes, en representación del Presidente, presentó las controversias contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de los estados mencionados.
Las dos controversias se sumaron a las presentadas el 15 de abril del mismo año, en el mismo sentido, contra las legislaturas y ejecutivos estatales de Oaxaca, Sonora, Michoacán y Chiapas.
En el caso de Oaxaca se impugnó la omisión de legislar en materia educativa acorde a la Constitución.
Humberto Castillejos precisó que en el caso de Chiapas se interpuso la controversia contra ocho artículos, entre los que se encuentran la intromisión sindical en las evaluaciones, además de no acatar los lineamientos de la SEP en cuanto a alimentos y bebidas.
Respecto a Sonora y Michoacán se impugnó que aprobaron leyes que no armonizan con la reforma educativa al contravenir la Constitución.
En el caso particular de Baja California, Peña Nieto reclamó que el Poder Legislativo estatal aprobó la Ley del Servicio Profesional Docente local “invadiendo gravemente” las facultades que expresamente le atribuye la Constitución al Congreso federal.
Con estas controversias, el gobierno federal busca que se declare la invalidez de estas normas locales por ser inconstitucionales, con el fi n de que se garanticen la congruencia de los marcos jurídicos locales con lo establecido por la Constitución federal y las leyes secundarias en materia educativa.
Si la SCJN considera fundadas las controversias, se obligará a los poderes legislativos de esas entidades a emitir sus legislaciones en materia educativa, conforme a lo que establece la Constitución.
En el caso de Michoacán son cuatro artículos y de Sonora 27, que impugnó Peña Nieto.
En abril de 2014, el entonces vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, dijo que la Constitución “no se negocia” y que se debe cumplir y acatar.
Además dijo que el gobierno federal cuenta con un plan estratégico para evitar que estos estados “que han tenido actitudes conflictivas contra la reforma, alteren la paz social, el ordenamiento el garantizar la paz social y todo fundamentado en el estado de derecho”. m