La justicia en los tiempos de Groucho Marx
El maltrecho sistema mexicano de justicia se ha llevado una paliza en el ámbito internacional estas semanas. Columnas editoriales, informes de expertos, declaraciones de relatores, reportajes en grandes medios impresos, comparaciones demoledoras hasta con Guatemala...
Resulta incomprensible la acción de la PGR al detener a funcionarios de Gobernación por la fuga de El Chapo, en particular dos de nivel medio, Celina Oseguera, coordinadora de Penales Federales, y Valentín Cárdenas, director de la cárcel El Altiplano. Ya habían sido destituidos, ahora fueron detenidos y acusados de “evasión de reo procesado por delitos contra la salud”. Hasta aquí, todo normal.
Pero resulta que, según la jurisprudencia de la SCJN a propósito del artículo 150 del Código Penal Federal, “el delito de evasión de presos no solo se puede realizar en la forma de culpabilidad dolosa, sino que también admite el grado de culpabilidad culposa o imprudencial, (o) conducta negligente.” O sea, dos funcionarios y otros 11 detenidos son acusados de un delito que encierra dos vertientes: la acción deliberada —aceptar una mordida por permitir la fuga— y la negligencia por no evitarla. Es lógico que se trate de dos delitos diferentes, pero son incompatibles.
Si hubo mordida, no hay negligencia: imperó la eficacia de cumplirle al cliente. Si fue negligencia, es serio el asunto, pero al final no hay dolo ni corrupción, solo incompetencia. Si a cada funcionario incompetente del actual gobierno se le encarcelara, necesitaríamos un Gulag soviético.
La hipótesis más verosímil es que la PGR decidió usar un escopetazo que sirve para todo, mientras decide cuál de las opciones va a escoger. Complejo asunto: si fue negligencia, cómo explicar que ocupó cargos en el gobierno federal desde 2012, y en el de Marcelo Ebrard de 2008 a 2012. Y si fue soborno, la pregunta es si hasta allí llegó, o si a alguien de arriba le tocó también.
En cualquier caso, en ningún país donde rige el imperio de la ley se puede detener a una persona por varios delitos distintos e incompatibles a la vez, sin resolver de entrada cuál es el “bueno”. Cuando los corresponsales extranjeros se percaten de que los acusados fueron detenidos sin que se especificara la razón de su arresto, pondrán el grito en el cielo. Y si los reclusos son listos, denunciarán falta de debido proceso.
Pareciera que en este sexenio y el anterior, se sigue una versión jurídica del apotegma de Groucho Marx: “Estos son mis principios, pero si no te gustan... aquí tengo estos otros”. Sustitúyase principios por delitos, y queda perfecto.