Urge rehabilitar el sistema
Es indudable que parte de la sociedad mexicana está descontenta. Se ha vuelto, además, incrédula. Hay muchas cuentas pendientes que no se procesan por los canales institucionales y judiciales correspondientes: esto se explica por la fragilidad del estado de derecho o la negligencia de la autoridad para procesar los problemas, o ambas cosas. La segunda mitad de este sexenio luce complicada. Hay mucho por aclarar. Ahí está el nuevo escándalo de OHL que “salpica” a la cúpula del gobierno federal. Sin embargo, hay muchas irregularidades, a nivel local que, de aclarase, equivaldrían a una señal de que el sistema quiere salir de su postración.
La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich (PRI), en su reciente toma de posesión, se pronunció abiertamente contra la corrupción. Sus palabras, destinadas para el gobernador saliente Guillermo Padrés (PAN), no tienen desperdicio: ha girado instrucciones al fiscal de la entidad para indagar un sobregiro de casi 10 mil millones de pesos. De acuerdo con la mandataria sonorense, no se solapará más a quienes hicieron (y hagan) un patrimonio personal con los recursos públicos. Una postura necesaria para un país, no solo para esa entidad federativa, al anunciar sin ambigüedades que la impunidad y la corrupción pueden empezar a combatirse.
Padrés es investigado por el Departamento de Justica estadunidense “por aparentemente lavar dinero proveniente de posibles sobornos de un contratista”. Se le imputa que compró un terreno de playa en una zona exclusiva de Guaymas y adquirió, para una de sus fincas, caballos cuyo monto alcanza la cifra de 120 millones de pesos ( Reforma, 21/ V/15). En su haber se encuentra también que al ex funcionario le fue ordenado por Conagua la demolición de una presa construida, sin permiso, en un rancho de su propiedad. Ojalá la gobernadora Pavolovich actúe en consecuencia para empezar a obsequiarle un significado coherente al concepto de justicia.
Otro gobernador que está rodeado de algunas sospechas, y cuya administración finalizará en unas semanas, es el de Rodrigo Medina (PRI), de Nuevo León. La denuncia por diversos ilícitos fue hecha por el Consejo Nacional Ciudadano, que reunió 21 mil firmas para iniciar el proceso contra el gobernador y su familia. El PAN, en ese estado del país, exige una explicación de cómo el padre del mandatario tiene, entre otras cosas, siete predios en el municipio de San Pedro con valor de 300 millones de pesos (CNN México, 2/V/15). El todavía gobernador electo Jaime Rodríguez, El Bronco, ha sostenido que tiene que investigarse la administración saliente. No es fortuito que el próximo gobernador haya obtenido, en su elección, más votos que los que consiguieron el PAN y el PRI juntos.
Otro caso que llama la atención es del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre (PRD). De acuerdo con diversas opiniones, él tiene que “ser investigado a fondo”. Parte de su familia (su hermano y otros parientes) se encuentra en prisión por desvío de fondos públicos. Es obvio que las irregularidades cometidas no pudieron gestarse sin el aval del ex gobernador. Además está pendiente si tuvo relación o no con los acontecimientos de Ayotzinapa. Los tres casos mencionados son tan solo un ejemplo de las tantas anomalías que enardecen a la gente. Actuar en consecuencia es una manera de pavimentar el camino para forjar un México menos agraviado y menos enardecido que el de ahora. Ojalá se empiece a hacer la tarea: es imperativo que el sistema se rehabilite. m