Reubicará Oaxaca a 750 triquis desplazados de San Juan Copala
El gobierno de Oaxaca reubicará a 750 triquis que fueron desplazados de San Juan Copala por condiciones de violencia generadas por la disputa de su territorio; de los reubicados 135 cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El secretario general de gobierno, Alfonso Gómez, reconoció que tuvo una reunión con el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, para afinar los detalles de la reubicación, y adelantó que se tienen dos poblaciones ubicadas en la zona de la mixteca, cerca del municipio de Huajuapan de León, y otra en la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca, donde hay terrenos que servirán de asentamiento a las familias desplazadas.
Precisó que solo revisan que los polígonos llenen los requisitos legales y urbanísticos, pues se trata de ofrecer a las familias las condiciones dignas para vivir.
Gómez afirmó que siguen dialogando con todos los grupos de desplazados, porque persiste el interés de un sector por regresar a su comunidad natal e insisten en mantener protestas frente al Palacio de Gobierno. “La gente tiene derecho a manifestarse, pero la atención es muy puntual, por eso se ha dialogado con ellos y están en la conformidad de saber que muy pronto tendrán una solución definitiva ante la imposibilidad que tienen muchos de ellos en regresar seguros a San Juan Copala”.
El funcionario aceptó que en lo que se logra reubicar a los desplazados, el gobierno estatal apoya a las familias triquis con la renta de viviendas, paga la atención médica y entrega útiles escolares a los niños, además de que les suministra insumos semanales y mensuales para su bienestar.
Agregó que se les apoya con la celebración de ferias artesanales para que promuevan sus productos para que de las ventas obtengan ingresos.
Gómez aclaró que el Estado en ningún momento se ha apartado de su compromiso con las víctimas de desplazamiento
“En los últimos años, los gobiernos federal y estatal hemos avanzado de manera importante para hacer efectivo el respeto y la defensa de los derechos humanos de las personas y grupos cautelados, ya que es el compromiso del Estado”.
Dijo que de parte de las autoridades locales “existe la la voluntad para continuar haciendo efectivo el derecho de aquellas personas que cuentan con la protección de la CIDH.