Liberan a 4 por Tlatlaya
Hay crisis de derechos ...en algunas regiones, dice la CNDH
Un juez federal ordenó la libertad de cuatro de siete militares que fueron encarcelados por presuntamente participar en el enfrentamiento suscitado en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, donde perdieron la vida 22 delincuentes, algunos de ellos a los que se asesinó después de rendirse.
La liberación derivó porque la Procuraduría General de la República (PGR) nunca notificó a los soldados quién los estaba acusando y tampoco les permitió reunirse con sus abogados, revelaron funcionarios de primer nivel consultados por MILENIO.
Ante esas irregularidades, los militares impugnaron ante el sexto tribunal unitario del Estado de México el auto de formal prisión dictado en su contra.
La PGR comenzó la investigación del caso Tlatlaya mes y medio después (en agosto de 2014) que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, donde los peritajes del Ministerio Público federal se derivan de los realizados de la autoridad estatal, lo que hizo perder sustento ante los juzgadores.
Incluso la PGR quiso actuar penalmente contra el soldado de sanidad Rony Martínez Atilano, que fue herido durante el enfrentamiento contra la escisión del cártel de LaFamilia michoacana.
Los cuatro militares fueron sujetos a proceso penal el 11 de noviembre de 2014 por el juzgado primero de distrito de procesos penales en el DF, en auxilio al juzgado cuarto de distrito de procesos penales federales del Edomex, como probables responsables de ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento.
Sin embargo, el tribunal unitario resolvió dejar insubsistente la resolución en primera instancia y ordenó emitir un nuevo auto de formal prisión o de libertad, tomando como base que el agente del Ministerio Público federal no cumplió con las formalidades que ordena la ley.
Ahora, Rubén Noguera Gregoire, juez 14 de distrito de procesos penales en la Ciudad de México, dictó el nuevo fallo, vía exhorto, y ordenó la libertad de Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y del teniente Ezequiel Rodríguez Martínez.
El juzgador solo dictó auto de formal prisión contra Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, quienes fueron acusados de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.
Los últimos tres militares también apelaron la informalidad en que incurrió la PGR, pero el juez determinó sujetarlos a proceso porque enfrentan delitos graves.
Los siete elementos están en la prisión adscrita a la Primera Región Militar, ubicada en el Campo Militar 1-A, en el Distrito Federal.
Los funcionarios consultados dejaron claro que los cuatro militares liberados no fueron exonerados del delito que se les imputa, sino que el agente del MPF no cumplió con las formalidades.
“ABSOLUTA MENTIRA”
En opinión del penalista Juan Velásquez, “esa historia de que los militares fueron y ejecutaron a 22 personas es una absoluta mentira. Los que la han sostenido no solo no conocen el expediente, no conocen las pruebas”.
Entrevistado por Carlos Zúñiga en MILENIO Televisión, el abogado abundó que “no hay una sola prueba que acredite la ejecución de los civiles por parte de militares. “Tres mujeres que aparentaron ser secuestradas, a las que los militares liberaron, para que luego rindieran sucesivas declaraciones, primero sin incriminar a los militares, y luego absolutamente contradictorias. Si los militares, en un despropósito, hubiesen ido a ejecutar a esos 22 civiles, ¿por qué en todo caso no habrían ejecutado también a las tres mujeres?, ¿para qué las habrían rescatado?, ¿para que luego sirvieran de testigos de cargo en contra de los militares? “En mis 45 años que tengo de defensor de causas penales nunca me he equivocado, siempre lo que he predicho en los juicios al final ha resultado a esos tres militares procesados los acabarán absolviendo, también por una falta total de pruebas”, expresó Velásquez.
VERSIONES ENCONTRADAS
El 2 de noviembre de 2014, la PGR cumplimentó la orden de aprehensión contra los siete elementos del Ejército.
El 21 de octubre del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que en los hechos en Tlatlaya, 15 de los 22 civiles que se encontraban en una bodega fueron ejecutados por militares.
Por su parte, el 10 de octubre, en entrevista para MVS Radio, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, explicó que en un primer enfrentamiento la mayoría de los 22 presuntos delincuentes había muerto.
Sin embargo, agregó, al menos ocho habrían quedado vivos, mismos que fueron asesinados con sus propias armas por tres soldados, quienes ahora son acusados por homicidio “con agravante”.
No obstante, el entonces ombudsman nacional, Raúl Plascencia, puntualizó que la CNDH acreditó que “el día de los hechos se alteró la escena del crimen” por parte de los militares con la intención de simular que todas las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que los 22 delincuentes fueron ejecutados.
LAS VÍCTIMAS
Para la PGR son ocho las personas ejecutadas y para la CNDH debe existir una indemnización por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para las víctimas por 80 millones de pesos, pero el organismo no precisó quiénes son esas víctimas.
Clara Gómez González, testigo con nombre clave Julia, madre de Erika y quien reveló a la revista Esquire el caso Tlatlaya, intentó hace dos meses que un juez federal del Estado de México le diera calidad de víctima a su hija, a lo que el juzgador se negó, ya que se comprobó que Erika participó en el enfrentamiento contra los elementos del Ejército.
Lo 22 cuerpos de los delincuentes no fueron reclamados de manera inmediata por sus familiares, sino que tuvo que transcurrir más de un año.
De igual manera, las necropsias practicadas demostraron que los 22 delincuentes habían consumido alcohol, drogas y también dieron positivo a la prueba de radizonato de sodio, es decir, que dispararon.
LAS TRES TESTIGOS
En el caso de las tres sobrevivientes (Clara Gómez, Cinthia Stephanie Nava López y Patricia Campos Morales) la pregunta de diferentes analistas es ¿si fue una ejecución para qué dejarlas vivas? Es conocido que las declaraciones entre las tres testigos difieren completamente.
Asimismo, la versión de cada una de ellas, ante las instancias que han declarado son contradictorias, elemento fundamental para que el Tribunal Federal haya solicitado a un juez en primera instancia la restitución del proceso.
¿CULPABILIDAD O INOCENCIA?
Para el juez federal de la causa ha sido difícil poder definir hasta el momento quiénes de los delincuentes murieron en el enfrentamiento y quiénes fueron ejecutados, situación que jurídicamente tiene que demostrar la culpabilidad de los militares involucrados en el caso.
La Procuraduría General de Justicia Militar fue la que realizó la detención de su personal por estos sucesos en la comunidad de San Pedro Limón, en Tlatlaya, y dio vista a la PGR. m