Respuesta a recomendaciones decidirá estancia de expertos
La CIDH está en la última deliberación y espera que la PGR atienda lo que la comisión le ha manifestado como preocupación del GIEI, afirma el secretario ejecutivo del organismo
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, dijo que están esperando que la Procuraduría General de la República (PGR) responda a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, para determinar si permanecerá en el país seis meses más, como lo solicitó el gobierno de México. “Los expertos pidieron a la procuradora que saque la investigación de la Seido, que la lleve a Derechos Humanos, que nombre un fiscal, cambie al equipo y continúe con las líneas de investigación”, dijo en entrevista con Carlos Puig en MILENIO Televisión. —¿Entonces ustedes están esperando eso para ver qué decide la CIDH sobre los otros seis meses del grupo de expertos en México? —Es así. Es vital la voluntad del gobierno mexicano. El grupo de expertos está aquí como consecuencia de una (medida) cautelar. Los beneficiarios han apoyado, pero es vital fundamentalmente porque el gobierno, en representación del Estado, así lo ha manifestado, y es una asistencia técnica —respondió.
Álvarez Icaza explicó que la CIDH está en la última deliberación y solo está esperando que la PGR pueda atender lo que la comisión le ha manifestado como preocupación del GIEI para que haya continuidad. “Es una búsqueda de que las cosas se hagan de manera en la que el Presidente de la República salió muy bien. Él respondió muy bien. La procuradora respondió muy bien, pero su equipo no. El equipo de, por ejemplo, el subprocurador Tomás Zerón, haciendo declaraciones contra el grupo de expertos. (Diciendo) que los va a persuadir, que defiende esa verdad. Yo le decía a la procuradora: ‘no ayuda que su equipo diga una cosa contraria a lo que usted dice’”, expresó.
El secretario ejecutivo de la CIDH se refirió también a la visita que la comisión hizo a México la semana pasada para revisar violaciones graves a derechos humanos.
Explicó que la visita se realizó del 28 de septiembre al 2 de octubre a invitación del gobierno mexicano, a pesar de ser fechas emblemáticas (un año de Ayotzinapa y la conmemoración de la matanza del 68).
Dijo que aunque solo visitaron seis entidades del país, se reunieron con representantes de organizaciones de otros estados que les permitieron abrevar el contexto del país en general, detectando que “hay un problema estructural de impunidad”.
Comentó que, con independencia del contexto y el momento, la comisión estimó visitar Ayotzinapa, Iguala y Chilpancingo, porque la desaparición de los 43 normalistas “no es un caso “Los especialistas pidieron a la PGR que saque la investigación (del caso Iguala) de la Seido” aislado, hay una problemática relacionada con esto”.
Ante la respuesta del gobierno al informe preliminar que la CIDH presentó el viernes sobre su visita a México, dijo que no están diciendo que todas las violaciones graves a derechos humanos estén ocurriendo en esta administración, “lo que sí es claro es que no están encontrando justicia a nivel estatal y a nivel federal. “Hay cosas que suceden del pasado y que conecta con el presente. Vamos, tres de cada 10 desaparecidos en la guerra sucia fueron en Guerrero, fue un contexto que dio a Ayotzinapa. Si eventualmente no hay castigos a quien viola la ley se genera una condición de impunidad. No es que todas las violaciones sean en la actual administración del presidente Peña. Parece así (la reacción)”, dijo.
Sin embargo, no descartó que “hay otras violaciones que sí se están cometiendo en esta administración y no solo del gobierno federal”. “Pero me parece que la negación hace que México pierda una oportunidad muy significativa en términos de poder; ver sus propias debilidades. (Con esta reacción) pierde México, pierden las víctimas, pierde el gobierno, pierde la Comisión”, dijo.
Álvarez Icaza explicó que antes de presentar el informe final sobre su visita tendrán audiencias en Washington y se presentará un borrador para que el Estado mexicano haga observaciones de manera confidencial y tendrán un informe aprobado a más tardar el 31 de diciembre, para presentarlo en 2016. m