Consigna PGR a 168 servidores públicos
Además, la institución ejerció acción penal contra 8 particulares
Señala que hay otros casos pendientes de determinar por parte de la autoridad judicial
La Procuraduría General de la República (PGR) consignó ante jueces federales — de abril a septiembre del presente año— a 176 personas, de las cuales 168 son servidores públicos de la institución y ocho particulares.
Como parte de la estrategia para la reducción de riesgos de corrupción, la PGR también ha obtenido de jueces de distrito órdenes de aprehensión contra 80 personas, principalmente contra agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Federal Ministerial, además de mandos de la institución.
La dependencia mencionó que otros casos están pendientes de determinación por parte de la autoridad judicial, y en aquellos en que se ha negado la orden de aprehensión, se apeló.
Los jueces han dictado auto de formal prisión contra 69 personas, lo que significa un incremento de 132 por ciento comparado contra el promedio mensual de autos dictados de diciembre de 2012 a marzo de 2015, señaló la institución que encabeza Arely Gómez.
Los principales delitos perseguidos contra el personal de la PGR son extorsión y cohecho, cuando se ha acreditado que los servidores públicos amenazan mediante el uso de la fuerza o solicitan dinero a ciudadanos a cambio de no inculparlos en la comisión de delitos, o bien para favorecerlos en su situación jurídica cuando han sido detenidos o son investigados. Entre éstos se ubican siete casos de privación ilegal de la libertad con propósito de extorsión (secuestro exprés).
Enriquecimiento ilícito. Hasta el momento hay seis casos (uno de los cuales corresponde a un ex director general) en los que se identificaron patrimonios superiores a los que se justifican por sus ingresos como servidores públicos.
Contra la administración de justicia, primordialmente por realizarse cateos ilegales, o por asentar hechos falsos en un informe policial o constancia ministerial.
Abuso de autoridad, retenciones ilegales por un tiempo mayor al permitido constitucionalmente sin que se determine la situación jurídica, uso excesivo de la fuerza, introducirse en domicilios sin autorización judicial, solicitar a subalternos parte de sus viáticos a cambio de seguir saliendo de comisión e impedir a ciudadanos la presentación de denuncias.
La PGR puntualizó que se incluyen también casos por delitos de privación ilegal de la libertad, robo, abuso de confianza, fraude, ejercicio abusivo de funciones, ejercicio indebido de servicio público, peculado, hostigamiento sexual y uso de documentos falsos. A través de la vía administrativa fueron removidos 89 agentes del Ministerio Público de la Federación y 15 agentes de la Policía Federal Ministerial (104 servidores públicos) y significan 276 por ciento en contraste con el promedio mensual de diciembre 2012 a marzo 2015.
Las conductas que dieron lugar a estas sanciones consistieron en irregularidades graves, como introducirse a un domicilio sin orden de cateo o causar destrucción en el mismo, uso excesivo de la fuerza, causar lesiones a detenidos o detener con prepotencia a ciudadanos sin causa justificada, solicitar dinero a familiares de los detenidos a cambio de beneficiarlos respecto de su estado jurídico, solo por mencionar algunas. m