¿HASTA CUÁNDO?
Sería interesante montar un gigantesco contador digital, como los que se utilizan en algunos países para medir los niveles de deuda pública, y disponerlo en algún lugar de gran visibilidad ciudadana, por ejemplo el Zócalo, donde se llevara la cuenta de la cifra oficial de muertos y desaparecidos ocasionados por la guerra contra las drogas. De esa manera, tendríamos un recordatorio tangible de lo que sucede cuando se mezcla un contexto de millones de personas en pobreza extrema, aunado a una insaciable demanda estadunidense por drogas (la nacional ya tampoco es menospreciable), más la venta masiva de armas, también estadunidense, lo cual provoca el coctel explosivo que nos regala una cuota diaria de decapitados en diversos puntos del territorio nacional.
Mientras eso sucede, una comisión internacional de expertos en temas médicos, conformada por la publicación médica
Lancet y por la Universidad Johns Hopkins, acaban de publicar un reporte que aboga por la despenalización y un cambio de estrategia global. Uno de sus miembros, el Dr. Chris Beyrer, resume así los hallazgos: “La meta de prohibir el consumo, posesión, produc- ción y tráfico de drogas ilegales es la base de nuestras legislaciones antidrogas nacionales, pero estas políticas se basan sobre ideas de consumo y dependencia de drogas que no tienen sustento científico (…) La ‘guerra contra las drogas’ global ha causado daños a la salud pública, a los derechos humanos y al desarrollo. Es hora de que repensemos el enfoque de las políticas sobre las drogas, y de que coloquemos la evidencia científica y la salud pública en el centro de la discusión”.
Y es que si no lo tomamos como un dogma incuestionable, sino como uno de los más urgentes temas a debatir, ¿en qué se fundamenta la prohibición? Ni siquiera el argumento puritano que considera perjudicial el consumo de drogas se sostiene pues, como se demuestra con una encuesta tras otra, el consumo de prácticamente todas las drogas se ha disparado a lo largo de una gama sumamente amplia del espectro poblacional, tanto en edades como en niveles socioeconómicos. Es decir que ni siquiera es que la guerra contra las drogas realmente tenga ningún impacto en el consumo, y sí produce un espeluznante daño colateral de muertes violentas, desaparecidos, lavado de dinero y una población aprisionada, por no hablar del daño fiscal ocasionado por el hecho de que toda la economía en torno a las drogas y a la venta de armas clandestinas sea necesariamente subterránea.
Es difícil reconocer los errores, y más cuando han producido un baño de sangre sin parangón en la historia nacional, pero es más grave persistir en ellos y continuar añadiendo a la cuenta ignominiosa de una violencia anclada en una prohibición que cada vez tiene menos sentido, desde cualquier punto de vista que se le mire.