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México, cuarto lugar en aportaciones a la OEA y segundo para la CIDH
La crisis financiera por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) derivó en una exigencia a los Estados miembros a hacer aportaciones extraordinarias; sin embargo, en los últimos tres años México ha contribuido con más de 30.6 millones de dólares.
Lo que coloca a México en el cuarto lugar en aportaciones a la Organización de Estados Americanos (OEA), solo por debajo de Estados Unidos, Canadá y Brasil.
Mientras que en contribuciones voluntarias a la CIDH, el gobierno de Peña Nieto se ubica en segundo lugar, solo superado por EU.
De acuerdo con el Informe Anual 2015 de la CIDH, al 30 de septiembre el organismo recibió 4 millones 205 mil 100 dólares provenientes de contribuciones voluntarias de diversos Estados, siendo México uno de los principales.
En esos tres años, el gobierno federal aportó al organismo 2.8 millones de dólares, de los cuales 2 millones corresponden exclusivamente a los recursos asignados al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que contribuyó en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Adicionalmente, México aporta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) 777 mil dólares, adicionales a las cuotas superiores a los 6 millones de dólares que cubre anualmente a la OEA, encargada de asignar el presupuesto a la CIDH y a la CoIDH.
Para 2015, la Asamblea General de la OEA aprobó un presupuesto a la CIDH por 5 millones 427 mil 900 dólares, de los cuales 82 por ciento lo destinó exclusivamente a gasto de personal.
Durante el último consejo permanente de la OEA, los representantes de diversos países coincidieron en la necesidad de hacer una revisión profunda sobre la reforma que requiere ese sistema.
Luis Alfonso de Alba, embajador de México ante el organismo, manifestó la necesidad que existe de cuestionar las razones por las que las aportaciones que periódicamente recibe la CIDH han reducido paulatinamente durante los últimos años.
Destacó la importancia de combatir la imagen o percepción que hay, sin importar si es correcta o incorrecta, de parcialidad o politización de algunos de los casos que están bajo la consideración de la comisión.
Agregó que al igual que debatir a fondo sobre las reformas que requiere la CIDH, es una buena oportunidad para evaluar un posible cambio de sede, ya que esto puede significar un ahorro importante, que puede complementarse con otros más.
En tanto, el embajador de Chile, Juan Pablo Lira, criticó que no se prefiera la situación financiera que puede derivar en recorte de 40 por ciento del personal.
El embajador de Argentina, Juan José Arcuri, coincidió en la necesidad de identificar la causa por la que las aportaciones han disminuido, por lo que dijo es fundamental eliminar cualquier indicio de parcialidad o politización en algunos casos que manejan. m