Pertinencia o no de revisar la reforma educativa
En el escenario de los últimos meses de 2016 se ha instalado la pertinencia de revisar la reforma educativa que se aprobó hace tres años. No se trata de un capricho, sino de un ejercicio de sensibilidad, un acto de reconocer la realidad que vive nuestro país y las complicadas circunstancias por las que atraviesa. Es el momento de que las partes involucradas en la reforma educativa actúen con responsabilidad y con visión. De nada sirve al país que las partes en conflicto acentúen la polarización. Ante todo, el diálogo debe prevalecer.
Ha llegado el momento de considerar la pertinencia de revisar la reforma educativa. Está claro que después de tres años de su aprobación, su aplicación ha provocado conflictos y fuertes reacciones. Entre más se escuchan las voces de especialistas, de profesores, de directores de escuelas y de sectores que intervienen en el proceso educativo, más clara queda la necesidad de revisarla. Nadie piensa en abrogarla y volver al estado previo a la reforma, pero sí en revisar determinados artículos del paquete de reformas en los cuales se concentra el mayor número de críticas.
La peor manera de terminar 2016 sería con un conflicto abierto en torno a la reforma educativa. El gobierno federal debe incrementar sus esfuerzos para encontrar una solución al conflicto; la Secretaría de Gobernación y la SEP deben asumir una posición pública sobre el destino de la reforma. Sería lamentable que no se hiciera nada, que equivocadamente se supusiera que el conflicto se arreglará por sí solo y no por la acción de políticos profesionales.
Como una creación humana, toda ley es perfectible. La buena ley no es aquella que tiene congruencia técnica o lógica jurídica. La buena ley no es aquella que aprueban las mayorías parlamentarias o se sostienen únicamente por una decisión de poder. La buena ley es la que el pueblo acepta, porque expresa la realización de sus aspiraciones y anhelos. Una ley que no cuenta con el apoyo del pueblo, más temprano que tarde perderá vigencia y terminará como letra muerta.
¿Quién puede estar a favor de los bloqueos, de las marchas o de que el año escolar no inicie de manera regular en todo el país? No es una tarea fácil para la autoridad poner en práctica una reforma que toca algunas de las fibras más sensibles de la sociedad. Somos conscientes de que el conflicto derivado de la aplicación de la reforma educativa ha alterado la cotidianidad de varias entidades del país, sabemos de los impactos que ha sufrido la economía y la afectación a la impartición regular de clases en varias entidades federativas. A nadie conviene o beneficia que esta circunstancia permanezca.
A tres años de la aprobación de la reforma queda claro que no podemos desandar el camino y volver al momento previo a los cambios. Una revisión seria de la reforma educativa resulta necesaria. m