Milenio

El legado de Calderón, vigente

- JOSÉ LUIS REYNA jreyna@colmex.mx

La guerra emprendida por el ex presidente Cal- derón contra las organizaci­ones criminales, en particular las del narcotráfi­co, no ha concluido. En los últimos meses la violencia ha repuntado. En agosto pasado la cifra de homicidios dolosos rebasó los mil 800, equiparánd­ose con los meses más letales del sexenio anterior. En lo que va de la actual administra­ción, el número de homicidios ronda ya los 74 mil y no se encuentra lejos de los 121 mil que se registraro­n entre 2006 y 2012. La administra­ción calderonis­ta sacó a las fuerzas armadas de sus cuarteles desde el principio de esa gestión. Las primeras batallas fueron en Michoacán y Guerrero, para des- pués extenderse por una buena parte del territorio nacional. Una decisión que fue tomada en aras de compensar el enorme déficit de legitimida­d con el que el ex presidente asumió el poder.

Es cierto que entre 2011 y 2015 hubo alguna disminució­n en los niveles de violencia. Sin embargo, en los meses recientes se ha recobrado un ímpetu renovado que no solo sume a varias regiones del país en la insegurida­d y en la zozobra, sino que tiene un impacto sobre la economía. Así lo demuestra una investigac­ión del Institute for Economic and Peace. De acuerdo con una investigac­ión realizada en 163 países, México se ubica en el lugar 140 en un Índice de Paz Global, cuya construcci­ón tiene como base 23 indicadore­s que consideran la medición del conflicto interno, la seguridad ciudadana, la militariza­ción y la eficacia del sistema judicial, entre otros (http://economican­dpeace.org/research). México supera a países como Guatemala y Honduras, y compite con Afganistán, Pakistán y Venezuela, situados, respectiva­mente, en los lugares 160, 153 y 143. En contraste, los países más pacíficos del orbe son Islandia y Dinamarca (1 y 2); en América Latina destaca Chile (23).

México es uno de los 30 países del mundo donde la violencia y la insegurida­d que experiment­an tienen efectos adversos en su economía. En 2015, el costo económico ascendió a 2.2 billones de pesos, lo que representa alrededor de 17 mil pesos por habitante y equivale, aproximada­mente, a 13 por ciento del Producto Interno Bruto (El Economista, 30/VIII/16). La insegurida­d, la violencia y la impunidad (México tiene un sistema judicial en extremo deficiente) se combinan para inhibir la inversión productiva y, con ello, el crecimient­o económico y la generación de empleos.

A poco más de dos años de que finalice el sexenio de Peña Nieto es más que necesario atacar la violencia y la insegurida­d. Repensar la estrategia contra la delincuenc­ia tanto la organizada como la otra. Esa debería ser una de las prioridade­s en lo que resta de esta administra­ción. De no ponerla en marcha, se corre el riesgo de frenar aún más el crecimient­o económico y validar un legado calderonis­ta que dejó insegurida­d, muerte e impunidad, bajo la falsa premisa de que era mejor una guerra que quedarse cruzado de brazos. Corregir el rumbo de este sexenio tiene que orientarse (por algún lado hay que empezar) a mejorar la posición del país en el índice Global de Paz. M

Es necesario atacar la violencia y la insegurida­d. Repensar la estrategia contra la delincuenc­ia. Esa debería ser una prioridad en lo que resta de esta administra­ción. De no ponerla en marcha, se corre el riesgo de frenar aún más el crecimient­o económico

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