Celebra CNDH plan para retirar tropas de estados
Líderes del Congreso respaldan la decisión de Segob, pero el senador Pablo Escudero pide que el retorno a cuarteles se haga con base a una ley y no mediante acuerdos con gobiernos locales
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Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), celebró que el gobierno federal establezca “una ruta de retorno” de las fuerzas armadas a sus cuarteles, una vez que los gobiernos locales profesionalicen a sus policías. “Celebro que se establezca una ruta de retorno como lo anunció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. La CNDH había planteado que sería deseable que se estableciera una ruta en ese sentido, pero que era más importante que se prepare y profesionalice a los cuerpos policiales”, señaló.
Tras su participación en el 13 Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, en el Palacio de Minería, el ombudsman calificó de “positiva” la postura del titular de la Segob. “Tenemos 10 años precisamente de esta insistencia. Hoy se tienen que poner los controles adecuados y las sanciones correspondientes a quien no cumpla con ese objetivo”, aseveró.
Recordó que la presencia de los militares en las calles “obedece a que las policías, sobre todo las municipales y estatales, se vieron rebasadas en sus capacidades y, en algunos casos, contaminadas por el crimen organizado”.
Opinó que “lo deseable” es que este regreso sea “a la brevedad”, pero resaltó la necesidad de exigir a los gobiernos locales que capaciten y profesionalicen a sus policías.
La construcción de un próximo acuerdo con estados y municipios para que las tropas abandonen las calles fue respaldada por el ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, al considerar que con ello las autoridades reconocen que la presencia del Ejército no tiene un fundamento legal. “Celebro que haya esta recapitulación y que se admita públicamente que se ha estado al margen del ordenamiento”, mencionó en entrevista en el Palacio de Minería. Los presidentes de las cámaras de Diputados, Javier Bolaños, y del Senado, Pablo Escudero, también apoyaron esta decisión y coincidieron en que la participación del Ejército y la Marina en la lucha anticrimen generó que gobernadores y alcaldes incumplieran sus obligaciones en materia de seguridad.
Entrevistado en el Palacio de San Lázaro, durante la sesión de Congreso General para iniciar el nuevo periodo de sesiones, Bolaños se pronunció incluso por sancionar a los gobiernos locales que incumplan los nuevos plazos para profesionalizar a sus cuerpos policiacos. “Muchos gobiernos estatales y municipios han cruzado los brazos ante la participación del Ejército y han visto en esta circunstancia una excusa para no asumir su plena responsabilidad. En estos momentos un plazo más está bien, pero si no hay consecuencia después de que concluya, no va a servir para nada”, advirtió.
Escudero también secundó el plan de fijar tiempos para capacitar a policías y regresar a los militares a sus cuarteles, pero subrayó que ello debe ser parte de la nueva Ley de Seguridad Interior y no de un acuerdo del gobierno federal con los estados. “No se justifica (un acuerdo), mal haríamos en comenzar a ver casos aislados por gobiernos, ésa no es la solución. Cuando estamos pensando en el país, no podemos pensar en un solo estado”, remarcó.
Por separado, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, aseguró que es necesario fortalecer la capacidad de seguridad de los cuerpos estatales y locales. “En la medida en que se fortalez- can las instituciones de seguridad locales y estatales es necesario que con toda la responsabilidad el Ejército y la Marina se dedique a otras actividades”, mencionó. En contraste, el PRD en el Senado acusó al gobierno de “matar” la reforma de mando mixto ofreciendo convenios a estados y municipios para profesionalizar a sus cuerpos de seguridad, antes de retirarles el apoyo de las fuerzas armadas.
El coordinador Miguel Barbosa dijo que las autoridades federales nunca apoyaron esta reforma constitucional, ya que lleva un año congelada en la Cámara de Diputados y no le asignaron recursos presupuestales.
Reprochó: “En lugar de apoyar la reforma constitucional en materia de seguridad que el Senado aprobó en abril pasado, la nueva estrategia con el nuevo modelo policial, se optó por acuerdos con gobiernos estatales y municipales, con lo que se sepulta la posibilidad de contar con un nuevo modelo de seguridad pública”.
Señaló que la Ley de Seguridad Interior solo será útil si va acompañada de dicha reforma, “de otra manera quedará incompleta, inservible y orientará a la militarización del país”.
En tanto, el general en retiro y ex subdirector de la Policía Nacional de Colombia, Luis Enrique Montenegro, afirmó que si la idea es devolver al Ejército y a la Armada a los cuarteles, la Ley de Seguridad Interior debe ir acompañada del fortalecimiento de la Policía Federal, cuyo crecimiento se detuvo en esta administración.
Desde Bogotá, el también asesor en temas de seguridad, quien participó en el desmantelamiento de los cárteles de Medellín, Cali y Norte del Valle, consideró que ante el desgaste de las fuerzas armadas las autoridades también deben poner énfasis en la creación del mando único. m