Difiere el IFT la entrada en vigor de la ley telecom
El instituto dice que no debe existir duda del apego a la Constitución
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determinó diferir la entrada en vigor de los lineamientos generales de los derechos de las audiencias hasta que la Suprema Corte determine lo que corresponda.
En un comunicado, el IFT informó sobre su determinación en la que considera la importancia de esta nueva regulación y su aplicación efectiva, pues no debe existir duda sobre su apego a la Constitución, especialmente por la relevancia y trascendencia que tiene el debido respeto a los derechos humanos que reconoce la propia Constitución.
Explicó que en apego a la ley que regula estos mecanismos de impugnación, que impide que haya suspensión cuando se trata de una norma general, como la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los lineamientos, fue como determinó la suspensión.
El IFT tomó en cuenta el tiempo que regularmente se llevan este tipo de procesos judiciales y modificó los lineamientos para diferir su entrada en vigor al 16 de agosto de 2017, aunque advirtió que en caso de que para entonces no se haya resuelto la controversia, se revisará la fecha.
El pasado 29 de noviembre de 2016, el IFT publicó los lineamientos sobre la defensa de las audiencias, en cumplimiento de lo ordenado por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Los lineamientos son parte de un nuevo marco jurídico en materia de derechos de las audiencias, los cuales fueron cuestionados mediante dos controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte; una contra de diversas disposiciones de la ley expedida por el Congreso y otra contra los lineamientos instruidos por el instituto.
El IFT explicó que las controversias referidas contienen cuestionamientos más relacionados con el alcance de los derechos de las audiencias y el derecho a la información, así como su coexistencia con el derecho a la libertad de expresión. El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las controversias constitucionales interpuestas en contra de la ley de telecomunicaciones que regulan la defensa de las audiencias.
Ayer el presidente Enrique Peña y el Senado presentaron controversias constitucionales; en una de ellas el Ejecutivo impugnó que el Congreso de la Unión dotó de facultades al IFT para regular los derechos de audiencia, mientras que en la otra los senadores reclamaron que el IFT se atribuyó derechos que corresponden al Poder Legislativo Federal. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, reconoció la responsabilidad política y jurídica del Congreso por la aprobación de la ley de telecomunicaciones que la Presidencia impugnó por conceder al IFT facultades para regular los derechos de las audiencias, aun cuando corresponden al Ejecutivo. “Vamos a esperar qué dice la Corte. El Legislativo hace lo propio y, en una integración plural del Congreso de la Unión hay evidente responsabilidad jurídica y política de lo que aprobamos, y para eso están las instancias de equilibrio entre poderes, justamente para evitar que, incluso siendo aprobaciones mayoritarias, ya solo con eso cobren solidez jurídica”, señaló.
El presidente del Senado, Pablo Escudero, sostuvo a su vez que los lineamientos del IFT en materia de derechos de las audiencias exceden las funciones del organismo y limitan la libertad de expresión, por lo cual apeló a que la Suprema Corte resuelva la controversia y dé claridad al respecto. m