La escalofriante debilidad del Estado
Esta semana, 29 reos se fugaron del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria y, el jueves 16, Juan José Esparragoza, El Negro e hijo de El Azul, salió del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán
Nuestra justicia sí es eficaz en otorgar inmunidades a los individuos más malignos de la sociedad, como José Luis Estrada Amaya, juez cuarto de distrito en Sinaloa, quien suspendió el traslado de El Azulito
Luego de leer las noticias, suelo preguntarme cuál puede ser la futura viabilidad de una nación donde la debilidad del Estado es cada vez más manifiesta. Como escribía Carlos Puig anteayer, en México no podemos siquiera controlar las cárceles, esos espacios confinados en los que —en la más pura tradición nacional de no llamar las cosas por su nombre sino de enmascararlas mentirosamente con denominaciones fabricadas por burócratas acartonados, necios, enredosos y aturdidos— no se “readapta socialmente” a los delincuentes, tal como dictaría el acrónimo “Cereso”, sino que se les somete a un trato inhumano al tiempo que a los más poderosos y violentos se les brindan asombrosas comodidades.
¿No hay pues manera de evitar fugas, de controlar siquiera las llamadas telefónicas que los extorsionadores realizan desde el interior mismo de las prisiones, de ofrecer un mínimo de garantías a los infractores primerizos para que no sufran espeluznantes agresiones, de impedir que los vigilantes establezcan un monstruoso sistema de cuotas para obtener artículos tan necesarios como una cobija y de que esos llamados “Ceresos” dejen de ser auténticas escuelas del crimen?
Esta semana, 29 reos se fugaron del Centro de Ejecución de Sanciones (otra eufemística designación aunque un tanto más precisa) de Ciudad Victoria, en Tamaulipas y, el jueves 16, Juan José Esparragoza, alias El
Negro e hijo del reputado El Azul, salió del “Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito” (hay que poner entre comillas tan rimbombante, pomposo y rebuscado apelativo, señoras y señores) prácticamente por la puerta principal, junto con cuatro miembros del Cártel del Pacífico. El tal “centro” se encuentra en Culiacán y las autoridades de Sinaloa habían solicitado que a un individuo tan temible se le trasladara a un penal de alta seguridad. Pues, miren ustedes lo eficaz que es nuestra justicia en el tema de otorgar inmunidades a los individuos más malignos de la sociedad: José Luis Estrada Amaya, juez cuarto de distrito en el estado, le dispensó generosamente un amparo para que le pudiera seguir siendo ejecutada
la consecuencia jurídica de su presunto delito en el lugar de su preferencia. Mis respetos, señor juez.
Te robas una pechuga de pollo en una tienda o alguien te acusa de un crimen que no cometiste y el implacable aparato judicial se pondrá inmediatamente en marcha para mantenerte encerrado durante meses o años enteros bajo el concepto jurídico de
prisión preventiva; no habrá juez a quien le venga en gana acelerar el proceso para acortar esta medida cautelar y dictarte sentencia condenatoria, en caso de que se pruebe la culpabilidad, o absolutoria si es que demuestra tu inocencia. De tal manera, miles de detenidos pueblan las cárceles de este país sin que se les haya celebrado el juicio correspondiente o que se haya procedido al “desahogo de pruebas”. Y no sólo afrontan las durezas de una pena corporal de manera anticipada, inclusive antes de que se haya podido demostrar su presunta culpabilidad, sino que padecen un daño irreparable en caso de que su inocencia termine siendo comprobada. Pero, por favor, que no seas un canalla de altos vuelos —un peligrosísimo delincuente o un politicastro saqueador— porque entonces todas las insuficiencias de un sistema profundamente cruel e injusto serán borradas de un plumazo y no tardará en aparecerse por ahí la providencial figura de un juez para otorgarte el amparo correspondiente. Naturalmente, habrán sido necesarios los servicios de un experimentadísimo abogado —o, ni tanto, porque la incapacidad, o simple dejadez, de los fiscales de la Nación es palmaria— pero, al final y con el obligado desembolso de ingentes sumas de dinero, podrás evadir jubilosamente los castigos de doña Justicia.
Tenemos así, circulando por la calle o sentados en la mesa de al lado en tu restaurante favorito, a los privilegiados miembros de toda una casta de infractores bendecidos por la impunidad, esa extraña epidemia nacional tan inconmensurablemente dañina para la patria pero tan provechosa para los criminales y los corruptos. Desde luego que la fuga de reos resulta mucho más espectacular que el viaje en helicóptero del Duarte de Veracruz, facilitado también por las complicidades de turno, pero estamos hablando de lo mismo, de la creciente ausencia del Estado de derecho en la nación mexicana.
Sin justicia, nunca habrá seguridad. Sin certezas jurídicas, nunca lograremos crecer económicamente. Un país donde no impera la ley es un país condenado a convertirse en un verdadero infierno terrenal. ¿Eso queremos? M