Milenio

Matar periodista­s

- ROBERTA GARZA

Quién lo diría: existe en México una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Basándose en sus datos oficiales, Animal Político apunta que entre 2010 y 2016 se registraro­n casi 800 denuncias por agresiones a comunicado­res. ¿Cuántos de sus perpetrado­res fueron llevados a tribunales? 107. ¿Cuántos fueron condenados? Tres. Sí, así, nomás: uno, dos, tres.

Según el Comité para la Protección de Periodista­s o CPJ, basado en Nueva York, desde 1992 a la fecha hay en México 38 periodista­s ultimados a causa de su trabajo; 50 más fueron asesinados, pero sin confirmars­e la causa. El 82 por ciento pertenecía a la prensa escrita. El 95 por ciento eran hombres. El 61 por ciento cubría crimen organizado, el 11 a políticos y el 8 a militares. En 83 por ciento de los casos hubo impunidad total, en 11 parcial y solo para 3 por ciento se hizo justicia. A 29 por ciento de los ejecutados lo levantaron, a 26 por ciento lo torturaron y solo a 51 por ciento lo amenazaron. Ninguno murió en caliente, digamos, en fuego cruzado mientras cubría alguna nota.

Artículo XIX dice que el pasado 2016 Ciudad de México fue el sitio con mayor número de agresiones contabiliz­adas. Veracruz y Oaxaca se llevan la distinción de tener la mayor cantidad de asesinatos. La lista omite los sitios donde la prensa no es amenazada porque dejó de existir, como en Tamaulipas, donde las cotidianas balaceras, secuestros y atentados son compartido­s a cuentagota­s en las redes por algunos valientes con teléfono mientras las primeras planas de los diarios se las lleva el gobernador cortando listones.

Y ni cómo culparlos, indefensos como están ante la brutalidad del crimen organizado, ante la corrupción e ineptitud de los funcionari­os públicos, ante la desidia de la sociedad civil —allí está lo parco de las recientes marchas— y ante la inopia de la mayoría de los activistas y las ONG, que en México funcionan en la práctica como cajas de resonancia de determinad­os discursos políticos: o sea, como defensores de los periodista­s afiliados a esos discursos, y no mucho más.

Feo asunto. M

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