NY seguirá protegiendo a los migrantes, aun con sanciones

El alcalde Bill de Blasio y los procuradores de Nueva York y California, así como activistas y legisladores critican y rechazan la amenaza federal, la cual califican de “golpe bajo”

Funcionarios de ciudades santuario, entre ellos el alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, y los procuradores de Nueva York y de California, Eric Schneiderman y Xavier Becerra, respectivamente, así como el senador demócrata Kevin de León y activistas, repudiaron el ultimátum del gobierno de Donald Trump de retener fondos federales a las ciudades y condados que no colaboren con las autoridades migratorias para deportar a indocumentados e inmigrantes que han cometido algún crimen.

Ayer por la mañana, el procurador general de Estados Unidos (EU), Jeff Sessions, anunció que el Departamento de Justicia dejará de dar subvenciones a las cerca de 200 entidades locales que protegen de la deportación a los migrantes, entre ellas Nueva York y California.

Entre estos recursos están partidas económicas destinadas al entrenamiento de policías locales y la adquisición de nuevo equipo para la seguridad pública.

A pesar del ultimátum, el alcalde de Nueva York reiteró que la ciudad continuará acogiendo a inmigrantes indocumentados e incluso adelantó que combatirá “agresivamente” en los tribunales cualquier intento por cortar el financiamiento para sus uniformados. “La última amenaza del presidente Trump no cambia nada. Seguiremos siendo una ciudad de acogida de inmigrantes, que han ayudado a convertirnos en la megalópolis más segura de la nación”, dijo De Blasio a través de un comunicado.

En pleno desafío al mandatario estadunidense, el alcalde de una de las ciudades que se oponen a dar información a las autoridades migratorias sobre la población indocumentada dijo que no retrocederán en proteger a los neoyorquinos del terror “de una administración excesivamente centrada en la xenofobia y la división innecesaria”.

En este tenor, el procurador de Nueva York, Eric Schneiderman, condenó estas acciones al considerarlas contrarias a la Constitución de EU. “El presidente Trump carece de la autoridad constitucional para cortar los fondos a los estados y ciudades simplemente porque han actuado legalmente para proteger a las familias inmigrantes”, señaló en un documento, en el que también prometió que no dejarán de luchar para derrotar a las políticas de inmigración antiestadunidenses del republicano.

Por separado, el procurador de California, Xavier Becerra, calificó de “golpe bajo” los amagos de Trump y le exigió respetar las leyes. “Es un golpe bajo para nuestros hombres y mujeres valientes amenazar con retener el financiamiento para la seguridad pública”, consideró.

Al igual que su homólogo neoyorquino, señaló que lucharán para proteger esos recursos y a los residentes del estado contra “la inconstitucional extensión de nuestro gobierno federal”.

A las voces que condenaron estas medidas se sumó la del senador demócrata por California, Kevin de León, quien las calificó de “chantaje”.

Con ellas, acusó, Trump está propagando el miedo y promoviendo “un chivo expiatorio” basado en la raza de las personas, en lugar de “hacernos más seguros”. “Su método de apuntar una pistola a la cabeza para obligar a las ciudades y condados resistentes a participar en la deportación masiva inhumana y contrapro- ducente, es inconstitucional y fracasará”, garantizó.

Al sostener que los inmigrantes hacen “que nuestras comunidades sean más seguras”, De León dijo que el anuncio de Sessions no es más que un chantaje, ya que cuando se trata de inmigrantes, el procurador y el presidente “están aferrados sobre hechos alternativos”.

El anuncio de ayer coincidió con un spot, que se difundió el fin de semana en canales en español de Los Ángeles, en el que De León se comprometió a apoyar a los inmigrantes de California y les pide que no tenga temor a realizar su vida cotidiana, ya que “no vivimos en una monarquía, vivimos en una República”. Las amenazas del procurador general también fueron desestimadas por activistas proinmigrantes, quienes coincidieron en que se puede proteger a los migrantes “cautelosamente” sin violar la ley.

Abraham Espinosa, director de protección comunitaria de Fiel Houston, señaló que aquellas ciudades o condados, como Houston, que han decidido no participar en el Programa 287 —que establece una asociación de colaboración con las autoridades migratorias— no violan la ley federal.

Mientras, para la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla), la amenaza del gobierno estadunidense de retener recursos a las ciudades santuario “es la amenaza de un matón”. “Las declaraciones del fiscal Sessions son un ultimátum de un matón a las ciudades que celebran y dan la bienvenida a la diversidad, incluidos los inmigrantes”, enfatizó la directora de la agrupación, Angélica Salas. En una conferencia sorpresiva, Sessions anunció que el gobierno de Trump retendrá fondos federales hasta por 4.1 mil millones de dólares este año a los estados, condados o ciudades de EU que se declaren santuario para inmigrantes indocumentados.

El procurador general sostuvo que las jurisdicciones que se rehúsan a acatar peticiones de agencias federales para retener a indocumentados a fin de que sean deportados, no solo violan la ley federal, sino que ponen en riesgo la seguridad pública y la seguridad nacional.

“Urjo vigorosamente a los estados a considerar cuidadosamente el daño que están haciendo a sus ciudadanos por negarse a cumplir nuestra ley migratoria y a repensar sus políticas”.

Desde la Casa Blanca, dijo que a partir de este momento el Departamento de Justicia requerirá que jurisdicciones que buscan o solicitan donaciones o subsidios del Departamento certifiquen cumplimiento con la “sección 1373” como condición para recibir los fondos.

Dicha sección establece que ningún gobierno local, estatal o federal puede prohibir o restringir información enviada a las autoridades sobre el estatus migratorio, situación legal o ilegal de ninguna persona presente en territorio estadunidense.

Sessions advirtió que los estados, ciudades o condados que violen la sección 1373 no recibirán donaciones federales, además de que el gobierno federal tomará acciones legales para recuperar los fondos otorgados a una jurisdicción que deliberadamente viole esta disposición. M

“(La de Trump) es una administración centrada excesivamente en la xenofobia y la división”